Por: Jaime Arocha

21 de mayo y Ley de Víctimas

LA APROBACIÓN DE LA LEY DE VÍC-timas coincidió con eventos conmemorativos del Día de la Afrocolombianidad que revelan obstáculos para su aplicación.

El 3 de mayo el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos llevó a cabo el Foro Minería y Derechos Humanos, dentro del cual se presentó el caso de los mineros tradicionales de La Toma en Suárez, zona plana del norte del Cauca. No obstante el que hubieran sido favorecidos por un fallo de la Corte Constitucional, el Proceso de Comunidades Negras emite alarmas por una de las reacciones que han desarrollado los mineros ilegales, consistente en la rápida movilización de sus retroexcavadoras. Dos de las que fueron obligadas a salir de Suárez, hoy están en la desembocadura de la quebrada El Tatabro y junto con otras 5 violan el territorio del Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá. El experimento ya lo habían aplicado en la mina Zaragoza sobre el río Dagua, cerca de Buenaventura, cuyas retros fueron a parar al río Timbiquí, donde además de la destrucción del medio, la población ancestral tiene que enfrentar la violencia que lubrica esa economía ilícita.

 El racismo es otra limitación. El 18 de mayo, dentro del II Foro Internacional Afrocolombiano, el escritor costarricense Quince Duncan enumeró las descalificaciones de la gente negra sistemáticamente expuestas por Kant y Hume, entre otros intelectuales europeos que dominan una formación universitaria coadyuvante en la perpetuación del racismo. Éste, a su vez, figuró en el foro de Cali sobre “Políticas innovadoras de inclusión social”, celebrado el 20 de mayo, debido a la intervención del economista brasileño Marcelo Paixao sobre sus efectos en la deficiencia de la prestación de servicios estatales para los afrodescendientes.

A los tres días, el país se estremecía por otra de sus manifestaciones: las Farc utilizaban a 200 pobladores del río Neguá como escudos humanos, estrategia que hace parte del confinamiento armado que la misma guerrilla aplica, según las denuncias que desde el 23 de noviembre de 2010 hacen el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Diócesis de Quibdó y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó para que el gobierno intervenga en crisis humanitaria que viven los afroatrateños.

Y en Bahía Solano, al Consejo Comunitario de Los Delfines lo critican por haber renunciado a la salvaguardia de 70% del territorio bajo su jurisdicción a cambio del 10% del valor de la madera fina que la canadiense Prima Colombia Hardwood extraerá en los próximos 15 años. Para Molano, muchos “[…] Consejos Comunitarios se han vuelto una vía legal para [explotar] madera, oro, petróleo a cambio de miserables dádivas”.

Esas dádivas pueden no ser tan miserables si se tiene en cuenta que la ley 70 de 1993 no les reconoció a los Consejos Comunitarios de comunidades negras las autonomías políticas y presupuestales que la reforma constitucional de 1991 sí especificó para los cabildos y resguardos de los pueblos indígenas. En este lapso poco se ha hecho para corregir esta asimetría del ordenamiento constitucional que sin duda nace del racismo estructural y también afectará la aplicación de la Ley de Víctimas.

 

 

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