Por: Yesid Reyes Alvarado

25 años de vacilaciones

CUANDO EN 1953 EL GENERAL GUSTAvo Rojas Pinilla asumió la Presidencia de Colombia, en el país se hablaba ya de un movimiento guerrillero que sostenía un enfrentamiento armado con los cuerpos de seguridad del Estado.

La contienda tenía claros visos políticos, pues mientras unos afirmaban que el gobierno conservador fomentaba la persecución de los campesinos liberales, otros señalaban que las guerrillas contaban con el apoyo de destacadas figuras del Partido Liberal.

En la medida en que el movimiento guerrillero se oponía claramente al régimen imperante, el general Rojas Pinilla no tuvo mayores inconvenientes para reconocerles la condición de delincuentes políticos y concederles amnistías que buscaban poner fin al conflicto armado interno. Sin embargo, las desmedidas actuaciones de algunos miembros de la Fuerza Pública durante su enfrentamiento con la guerrilla no encajaban fácilmente en el concepto de delito político, pues lejos de estar encaminadas al derrocamiento del Gobierno centraban todos sus esfuerzos en la defensa del mismo. Para solucionar esta dificultad, se expidió el Decreto 2062 de 1954 que ampliaba el concepto de delito político en los siguientes términos: “Para los efectos del presente decreto se entiende por delitos políticos, todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil ha sido: Primero, el ataque al Gobierno o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a éste o por aversión al sectarismo político”.

Aun cuando esta solución legislativa permitió amparar con amnistías a quienes usaron desmedidamente la fuerza para apoyar al Gobierno, el proceso de paz nació con un gran vacío, pues el poco desarrollo que para entonces tenía el Derecho Internacional Humanitario permitió que las amnistías fueran tan generosas que muchos crímenes que hoy serían considerados como de lesa humanidad quedaron sin castigo.

Veinticinco años después nos encontramos nuevamente ante la encrucijada de avanzar en un proceso de paz que debe involucrar no solamente a quienes han pretendido derrocar el régimen constitucional, sino a aquellos que a través del uso ilegítimo de las armas enfrentaron a los subversivos. A diferencia de lo que ocurrió en 1953, hoy las normas del Derecho Internacional Humanitario no dejan duda en cuanto a la necesidad de sancionar los delitos de lesa humanidad, lo cual hace que no haya discusión en ese punto. Curiosamente, la gran dificultad de ahora radica en el aspecto que más fácilmente se solucionó en 1953 y que tiene que ver con el alcance del delito político, porque existe una fuerte oposición a la propuesta de tratar a los paramilitares como sediciosos.

La búsqueda de una salida a esta encrucijada supone entender que cuando se le reconoce a alguien la condición de delincuente político, las posibilidades que esa persona tiene de beneficiarse con indultos o amnistías en ningún momento comprenden ni los delitos que no sean conexos con la rebelión o la sedición, ni los llamados crímenes de lesa humanidad. Por eso, mientras un combatiente paramilitar que se hubiera limitado a combatir a la subversión podría recibir una amnistía por la simple pertenencia a ese grupo armado, quien dentro de esa misma organización hubiera promovido o participado en masacres, desapariciones o desplazamientos, podría ser cobijado por una amnistía respecto del delito político, pero tendría que responder penalmente por los crímenes de lesa humanidad que hubiera cometido.

 

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