4’33’’

El músico estadounidense John Cage tuvo alguna vez la ocurrencia de hacer una composición (4’33’’) en la que no se tocaba una sola nota. Se volvió, de lejos, su obra más conocida. El libreto de respuesta de este Gobierno a las terribles violencias que asolan con creciente intensidad diversos territorios parece ser el 4’33’’. No se ha oído una sola respuesta digna de ese nombre. De vez en cuando aparece un alto funcionario gritando —inevitablemente— y ofreciendo como gran solución una política que añade a la explosiva mezcla que se cocina en nuestro país a fuego no tan lento un componente adicional de inhumanidad: fumigar con glifosato. Por eso tiene razón Guarín, el inefable viceministro de Defensa, al proclamar recientemente que este va a ser un año que pasará a la historia: como con Cage en la música, la inactividad completa con respecto a la defensa de la vida de la población podría ser también en el mundo de las políticas públicas el tiquete a la fama.

Claro: como dicen —a veces con razón, a veces de manera bastante forzada— los críticos de la noción de que la “ausencia del Estado” es el origen de nuestras violencias, en ocasiones no es que el Estado no aparezca, sino que genera las condiciones para que los hechos se produzcan. Dos eventos que no tienen nada de marginales ilustran bien el punto. La ministra de Justicia estuvo al frente de los hechos que desembocaron en una terrible masacre carcelaria conocida por todos los colombianos. La premiaron con la Procuraduría. La masacre del 9 de septiembre ocurrida en la capital de la república aún no tiene responsables y todo parece indicar que la orientación del Gobierno es impedir que aparezcan. ¿Impunidad programática? No hablemos ya de las señales públicas de estigmatización contra la movilización social. Tales señales, lanzadas desde las alturas de la Presidencia (sugiriendo, por ejemplo, que los de la minga eran “apátridas”) y desde diversas agencias del Estado, son recogidas después en los territorios.

Esta vez, eso le da la razón a Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: no hay que “normalizar” tales violencias. No hay que normalizar, ni tratar de cambiarles el nombre (algo que ya se le había ocurrido a Castaño: “operativos con objetivos múltiples”) a las masacres. No hay que normalizar el asesinato de los líderes sociales. No hay que normalizar el hecho de que agentes del Estado disparen contra la población civil.

Lo cual a su vez me lleva a dos reflexiones simples. Primero, son estas dinámicas las que quitan piso a las referencias oblicuas a la “política entre los extremos”. Recetas. Lenguaje en código; no es claro siquiera qué pueda querer decir en este contexto. Su uso debilita la posibilidad de que un político pueda asociarse a una opción de gobierno clara. ¿Qué se plantea hacer frente a este problema apremiante, frente a otros que enfrentamos? Apenas se piensa claramente, en concreto, surgen nuevas posibilidades.

Segundo, me parece que todos los políticos prácticos tienen ahora la oportunidad de mostrar de qué están hechos. Aquí no estoy hablando de grandes saltos al vacío. La paz y la protección de la ciudadanía requieren de cumplir lo acordado y de medidas básicas de civilización política e inclusión social. Vale la pena recordar que la noción de “normalidad”, de normalidad tranquila y amable, sólo la conoce una minoría más bien pequeña de colombianos. La trayectoria vital de millones de nuestros compatriotas ha estado marcada por horrores y sobresaltos. Sí: “extremos”. Es mejor no olvidarlo.

Y por eso la mejor manera de cerrar este año de locos es recordando que, en algún sentido muy simple, dramático y terrible, este país se quedó con las manos vacías: no tenemos una normalidad a la cual volver. No la veo. Hay que construirla, paciente, cuidadosamente. Así que ojo con el 2021.