Por: Iván Cepeda Castro

63 congresistas

“ESTA CARTA LA RESPONDERÁ JOSÉ Obdulio con otra cartita”. Esa fue la reacción del presidente Álvaro Uribe Vélez a una comunicación enviada esta semana por 63 representantes demócratas y republicanos; un número considerable de congresistas entre quienes se cuentan varias de las principales figuras del liderazgo parlamentario en Estados Unidos.

En la carta se lee: “Deseamos hacerle llegar nuestras preocupaciones sobre las amenazas y los ataques contra defensores de derechos humanos, luego de la marcha nacional del 6 de marzo de 2008. Nos preocupa que su asesor José Obdulio Gaviria haya dicho públicamente que los organizadores de esta demostración fueran combatientes de las Farc. Le urgimos que tome una posición firme y pública en soporte de aquellos que defienden los derechos humanos en Colombia”.

La destemplada reacción presidencial es un nuevo error y corresponde a una interpretación simplista de lo que está aconteciendo en Washington. El congelamiento del debate sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia no corresponde exclusivamente a una confrontación partidista en medio de la actual campaña electoral. Para muchos congresistas y para las asociaciones sindicales de Estados Unidos, el asesinato metódico y persistente de líderes de los trabajadores en Colombia es una situación inadmisible. Pero igualmente inadmisible es la sórdida argumentación del Gobierno colombiano a través de un “juego de cifras” en el que se intenta disimular la tenebrosa realidad de crímenes sistemáticos: ya no matan 100, sino “sólo” 70 cada año. En el proceso de la globalización económica, los asuntos relacionados con violaciones de derechos humanos comienzan a adquirir relevancia. En vez de asimilar esa realidad, el Gobierno colombiano ha optado, como de costumbre, por una campaña publicitaria, y no por diseñar una política seria de derechos humanos: visitas guiadas de congresistas a la ciudad de Medellín para mostrar un panorama turístico de lo que está aconteciendo en Colombia, contratar los servicios de un publicista corrupto, vender “imagen positiva” con actrices de cine. Pero esos trucos no convencen. Visto desde fuera del país es aberrante el hecho de que una manifestación ciudadana cueste la vida de seis dirigentes sindicales.

Recientemente, otras declaraciones del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, volvieron a suscitar debate. En un programa radial anunció que el ex senador Mario Uribe había logrado demostrar su inocencia en la investigación que se realiza en su contra. El Fiscal General de la Nación calificó la actitud del asesor presidencial de perversa. En las reuniones que sostuve esta semana en Washington con varios congresistas, me referí a este suceso. Para ellos, el escándalo de la parapolítica y las interferencias del Poder Ejecutivo que buscan limitar la independencia de la Corte Suprema de Justicia o de los fiscales que llevan casos como el del primo del Presidente de la República, son materia de atento seguimiento. Al comentar la respuesta del Fiscal con uno de los parlamentarios que habían firmado la carta sobre los crímenes relacionados con la marcha del 6 de marzo, me dijo refiriéndose al asesor presidencial: “Ese hombre se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Uribe”.

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En otra carta, la que en días pasados me dirigió públicamente el señor Gaviria, me dice que está siendo amenazado y me pide que organice una campaña para exigir su protección. No he dudado en condenar públicamente las amenazas contra él. Me parece inquietante que la política de seguridad democrática no ofrezca suficiente protección para quien es tan cercano al Presidente de la República.

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