En respuesta al editorial del 22 de febrero de 2021, titulado “6.402”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las tres instituciones diseñadas en el marco del Sistema de Verdad, Justicia y Transición que nos dejó el Acuerdo de Paz. Por muchos años, fueron los vientos de la violencia aquellos que nos lanzaron en direcciones opuestas a la verdad y a la reconciliación entre nosotros. Sin embargo, parece que los colombianos no hemos comprendido que la paz en el país no solo depende del manejo de nuestras instituciones, sino de nuestras acciones. Reducir la labor de la JEP a un sistema que solo muestre “la magnitud del horror que vivimos en los años del conflicto armado” nos devuelve al círculo vicioso de buscar solo culpables y olvidarnos del perdón y la reconciliación.
Así muchos pretendan minimizar o incluso relativizar, en una batalla de tuits y publicaciones en redes sociales, el hecho es que no fueron 2.248 sino 6.402 almas asesinadas por el Estado entre el 2002 y 2008. El funcionamiento de la justicia transicional tiene que estar por encima de cualquier política partidista, no hay que salir en falso ante la primera acusación que se haga.
Colombia está ante los ojos del mundo, precisamente porque somos pioneros en diseñar un sistema de justicia que, bajo un principio de condicionalidad, estableció a las víctimas del conflicto armado como el eje central de todo acto de reparación y judicialización de los autores de aquellos actos barbáricos cometidos durante el conflicto. En ese sentido, la tarea que hoy está haciendo la JEP, como una institución más de este ambicioso sistema, no debe ser un motivo de alarma para generar debate y angustia ante el negacionismo de unos pocos y el reconocimiento de otros a una institución que tiene los mecanismos legales para valerse por sí sola.
En Colombia, muchas veces cometemos el pecado de hacernos los de la vista gorda. Si bien es cierto que es poco lo que se sabe sobre los autores intelectuales de estas matanzas, en un gobierno que paradójicamente vendió una imagen de microgerencia en todo el vasto territorio colombiano, no podemos obsesionarnos en ese debate ideológico e ignorar el verdadero espacio de catarsis que merecen las madres de estos jóvenes en su búsqueda legítima por la verdad.
Por el mismo argumento de que son investigaciones difíciles que todavía están en curso, es clave que los ciudadanos y el Gobierno de turno no interfieran en el proceder de estas instituciones. Lo más sensato en su defensa de la institucionalidad es que el presidente de la República se aísle de todo comentario de su partido, el Centro Democrático. Un silencio no es complicidad si de materia procesal se habla.
No hemos tenido el tiempo de sacar la cuenta de nuestras miserias y penas bajo la ola de sangre que manchó el conflicto armado. No es momento para retroceder el diálogo ni la cuenta de una cifra, por muy escalofriante que sea: 6.402 y contando.
*Voluntario de una UTL.