Por: Mauricio Botero Caicedo

72 personas diarias

Pocas cosas deslegitiman más a un Estado que el embuste.

Y resulta que en nuestra Carta Magna, la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos en su “vida, honra, y bienes” es letra muerta, o como se dice coloquialmente, “un canto a la bandera”.

Veamos el caso del cigarrillo, de lejos el arma más mortífera del país. Según reciente estudio, en Colombia cada día mueren 72 personas, 26.460 por año, por causas directamente relacionadas con el consumo del cigarrillo (guarismos que dejan —con el perdón de la Teófilo Forero— rezagadas a las Farc y a las bacrim). Según dicho estudio, “con los 4,3 billones de pesos que hoy invierte cada año el sistema de salud en la atención de enfermedades relacionadas con el cigarrillo, se podrían pagar las deudas contraídas con la red pública hospitalaria o, incluso, atender la tercera parte del régimen subsidiado en un año, es decir, siete millones de personas o 5,7 millones del régimen contributivo. La investigación, enfocada en la carga de la enfermedad asociada al tabaquismo y el costo económico de su tratamiento, concluyó que 221.112 personas se enferman cada año por causa del cigarrillo, particularmente de patologías como enfermedades cardíacas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), accidentes cerebrovasculares, neumonía y cáncer de pulmón, entre otros”.

Ante tan letal panorama uno pensaría que el Estado colombiano busca obliterar el flagelo del tabaquismo. Pero no, ese no es el caso. Por un lado subsidia a los cultivadores de tabaco, y por el otro lado no ha tenido la entereza de imponerle al cigarrillo impuestos punitivos. (En Nueva York una cajetilla que cuesta producir, empacar y distribuir un dólar, se vende por 14 dólares. La diferencia son impuestos). El Estado, con el peregrino argumento de que dicho aumento fomenta el contrabando, no se atreve a tocar los gravámenes al cigarrillo. ¡Basura! El Estado debe prohibir la venta callejera; y al ser el tabaco una “droga adictiva”, debe limitar su venta a “estancos” regulados que —en caso de vender producto de contrabando— se clausuren de manera automática.

Por otro lado, el Estado viola la Constitución cuando de forma activa promueve los juegos de azar, deleznable actividad cuyo fin es arrasar con el escaso patrimonio de los pobres. Siendo menos letal que el tabaco, de todas formas el juego es un robo a boleto armado. El economista estadounidense Charles Wheelan, en reciente libro (Naked Statistics, Norton, 2013) demuestra que a la larga las “loterías” terminan pagando sólo el 56% de sus ingresos. Dicho de otra manera, es un negocio en el que el margen bruto de utilidad es el 44%. En el caso de las “apuestas electrónicas” tipo Baloto, las posibilidades de ganar son una en 175 millones, que es la misma que tiene uno de que lo mate un rayo el día del cumpleaños.

Santiago Ruisiñol, el escritor catalán del siglo pasado, afirmaba que el juego era altamente moral ya que servía para arruinar a los imbéciles. Visto de otra manera, las loterías y los juegos de azar son un “impuesto regresivo” sobre los más vulnerables, que son los que menos se pueden dar el lujo de botar la plata dado que el gasto en el juego es una proporción mayor de su ingreso.

Apostilla: el sueño de Chávez de querer parecerse cada día más a Cuba se está cumpliendo: no sólo las colas en Venezuela para comprar la “canasta familiar” se han vuelto infinitas, sino que muy pronto el Gobierno se verá enfrentado a la necesidad de emitir “cartillas de racionamiento”. Los resultados del “socialismo del siglo XXI” están a la vista.

 

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