Por: Santiago Montenegro

800 años después

Pocos días antes de conmemorarse 800 años de su firma, tuve el privilegio de ver el texto de la Carta Magna, que está en la sala capitular de la Catedral de Salisbury, en Inglaterra. Según se dice, esta versión es la única en perfecto estado de las cuatro que se conservan.

Este documento registra el acuerdo al que llegaron los barones ingleses con el rey Juan, en Runnymede, cerca de Windsor, el 15 de junio de 1215.  Cansados de los impuestos abusivos y del gobierno tiránico de un monarca asesino y borracho, los barones ingleses y la Iglesia lo obligaron a reconocer, en un texto positivo, límites al poder de la monarquía.  Si bien a los pocos meses el acuerdo fue deshonrado por las dos partes y fue un convenio escrito en latín y solo entre miembros de la nobleza, fue un precedente crucial para la posterior consolidación del concepto de gobierno limitado, y, quizá más importante, para los derechos humanos cuando, en sus cláusulas 39 y 40, le dio cabida al debido proceso y al  estricto apego a la ley para juzgar y para privar de libertad a una persona.  
 
Conceptos como los de gobierno con poder limitado, igualdad ante la ley o  debido proceso, en alguna medida, se encuentran desde el antiguo pensamiento griego y romano, pero fueron los británicos quienes, en textos como los de la Carta Magna, lo aportaron para la construcción de lo que hoy concebimos como la moderna democracia liberal. 
 
Porque, a diferencia de sus vecinos continentales, especialmente de los alemanes y franceses, quienes, particularmente desde la Ilustración, creyeron que la solución a los problemas de la sociedad se encontraba en diseñar unas instituciones holistas y trascendentales, que buscaban la perfección y suponían que, una vez implementadas, los humanos se regirían por ellas, la Ilustración británica, en lugar de este trascendentalismo institucional o contractual, aprendiendo de la experiencia, se orientó más a resolver problemas de la vida real de las personas.  En lugar de tratar de llegar a un único y definitivo “contrato social” para unas instituciones perfectas y definitivas de justicia, pensaron que es mejor y más práctico ponernos de acuerdo en eliminar las condiciones más manifiestas de injusticia, como la esclavitud, los códigos penales crueles y arbitrarios, la opresión de la mujer o el trabajo infantil. 
 
Es la idea de que los problemas de la sociedad los podemos ir resolviendo por partes, con enfoques comparativos entre soluciones que funcionan y otras que no funcionan, de que no es necesario, ni deseable, reescribir el contrato social para solucionar la parte que no marcha, como una deficiente calidad de la educación, o un código penal defectuoso, o un conflicto interno. 
 
Detrás de este reformismo pragmático y permanente, se encuentra también una visión del mundo que concibe a la sociedad como un ente siempre cambiante, que jamás alcanzará la quietud y la plenitud, la Arcadia, la solución final a los problemas de los seres humanos. 
 
Si aprendiéramos un poquito de esa tradición, que viene del acuerdo de los barones con el rey Juan, el 15 de junio de 1215, frente a nuestros innumerables problemas, nuestros gobernantes y legisladores tratarían de buscarle soluciones prácticas, y no pensarían exclusivamente en una nueva ley, en un artículo nuevo para la Constitución o en la absurda idea de una constituyente más para refundar la patria. 
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