Abogado, agrónomo y diseñador

El pasado 22 de septiembre el periodista Daniel Coronell reveló una grabación en la que el abogado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Javier Cadena Ramírez, dice que es agricultor de día y abogánster de noche:

Diego Cadena: “Ayer andaba en mis labores de agricultor”, señala.

Voz femenina: “Ah, bien, eso está muy bien”.

Diego Cadena: “Yo te digo que tengo varias profesiones. De día abogado, de noche abogánster. Un día a la semana, dos días a la semana, agrónomo”.

Voz: “De noche, ¿qué?”.

Diego Cadena: “Abogánster”, reitera, mientras se ríen de la autodefinición. (Ver Abogánster).

Poco después el abogado, vinculado al escándalo de la presunta manipulación de testigos y por el cual fue llamado el expresidente Uribe a indagatoria el pasado 8 de octubre, dijo a W Radio que no era abogánster sino abohámster, en unas declaraciones que demuestran el talante de este personaje. (Ver Explicación).

Pues bien, el programa periodístico Revelados, que conduce el periodista Julián F. Martínez, transmitió un programa que responde por qué el abogado Diego Cadena también se define como un agricultor y agrónomo.

El abogánster, o abohámster, es dueño de un predio que conforma la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro (Asorut), ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

Hasta en esto cuenta con mucha suerte el abogado del expresidente Uribe, ya que al predio con el código No. 1B143A de propiedad de Diego Cadena le perdonaron una deuda que la Agencia de Desarrollo Rural, antiguo Incoder, nunca cobró.

La presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz Rodríguez, que fue suspendida por tres meses por la Procuraduría en marzo de este año por participación en política, fue quien le hizo el favorcito a Cadena y a otros beneficiarios de condonar una deuda legal que había sido asumida con el Estado.

Recordemos que Claudia Ortiz es muy cercana al expresidente Uribe y la persona que el presidente Iván Duque postuló para ser directora de la Unidad Nacional de Protección.

Ortiz nunca se pudo posesionar por la presión ciudadana que denunció los comentarios desobligantes, por decir lo menos, que ella escribió en sus redes sociales contra quienes no están de acuerdo con las ideas del Centro Democrático. Por lo cual, a pesar de no cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, fue nombrada el 28 de diciembre para que pasara desapercibido. (Ver Indignación).

Pero volvamos a la deudita del abogado.

Ortiz, muy tiesa y muy maja, firmó el pasado 4 de septiembre de 2019 la Resolución No. 0609 que declara las deudas de 11 distritos de riego en el país como “de imposible recaudo por causal de prescripción”. Una de esas deudas imposibles de recaudo era la del abogánster, o abohámster. Qué coincidencia. (Ver Resolución No. 0609).

Hay más.

La resolución de Ortiz significa que el Gobierno perdonó las obligaciones tributarias que deben pagar los beneficiarios de los distritos de riego y condonó las deudas que tienen con el tesoro público. La Agencia debía cobrar $628 millones por los 11 distritos de riego pero, como se demoró al hacerlo, la deuda fue condonada. (Ver Cobros).

El abogado de Uribe era uno de los 91 beneficiarios con este decreto al ser propietario de uno de los cinco predios de Asorut, y por consiguiente no deberá pagar su deuda con el Estado.

Pero no es el único. (Ver No. 067).

El programa periodístico Revelados también descubrió que el abogánster, o abohámster, logró obtener otro crédito por $40 millones por parte de una institución financiera pública de Tuluá, llamada Infituluá, para la confección de vestidos de baño. (Ver Revelados).

Cadena pasó de confeccionar vestidos de baño a ser de día abogado de Uribe, de noche abogánster, o abohámster, y en sus ratos libres agrónomo. El hombre orquesta.

No para. El 31 de octubre de 2007 la mencionada entidad otorgó un crédito aprobado según Resolución Nº G.G 598, para la fabricación de vestidos de baño fashion en favor del señor Diego Javier Cadena Ramírez. (Ver Infituluá).

Según certificación expedida por la cartera del instituto, el abogánster, o abohámster, pagó la obligación crediticia en su totalidad el 2 de enero de 2015, pero, no obstante este pago, la Contraloría del Valle del Cauca publicó un informe que establece que ese préstamo al abogado del expresidente Uribe y otros realizados por la entidad Infituluá constituyeron un detrimento al patrimonio estatal. (Ver Informe Final).

El argumento de la Contraloría, que no se puede discutir en este caso, es que la inversión en esos proyectos no generó un impacto social para la región, como lo fue el proyecto de vestidos de baño fashion del abogánster, o abohámster, Cadena.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com