Por: César Rodríguez Garavito

Abogados sofisticados

Cuando se buscan responsables de la crisis de la justicia, se señala a los impresentables: al abogado que dice ante los micrófonos que “la ética nada tiene que ver con el derecho,” o a su cliente, el magistrado que pone en práctica la frase y maniobra para dilatar la investigación que se adelanta contra él en el Congreso.

Cuando se critican los carruseles judiciales, se habla de la puerta giratoria entre cortes y del “yo te elijo, tú me eliges”: el tiovivo de favores que llevó a sus puestos al procurador y algunos magistrados, y que en buena hora acaba de abolir la reforma de equilibrio de poderes.

Se dice mucho menos de otros practicantes de la separación entre ética y derecho que contribuyen otro tanto al descrédito de la justicia y el derecho. Me refiero a prestigiosos abogados dispuestos a burlar el sentido común de la ley para defender lo indefendible. Y a los que circulan por otra puerta giratoria, la que va de consultorías privadas a puestos públicos y viceversa, en una ruta cuyo destino más claro es el beneficio personal.

Digo esto con ocasión del retiro de Néstor Humberto Martínez para volver a su oficina de abogados, del homenaje de despedida que le rindió el Congreso y los cocteles de bienvenida que le esperan al otro lado de la puerta giratoria. Los escasos 10 meses del superministro en su cargo ilustran el problema al que me refiero. Antes de ser nombrado, Martínez fue uno de los “abogados sofisticados” que asesoraron a sectores que compraron irregularmente tierras baldías en el Vichada violando los topes de la ley 160 de 1994. En ese entonces propuso una solución tan cuestionable que no fue acogida por el Gobierno: legalizar los títulos argumentando que, como algunos no estipulaban expresamente la prohibición de compraventa, los compradores no tenían por qué saberlo.

Cuando lo designaron, varios preguntamos en estas páginas cómo haría para deslindar sus funciones públicas de los intereses que traía como asesor de grupos económicos. Anticipábamos también que al salir del Gobierno apelaría a la definición gaseosa de su cargo para eximirse de la ley anticorrupción de 2011, que les exige a los funcionarios públicos esperar dos años antes de volver a trabajar en el sector privado en asuntos similares a los que conocían en el Estado.

Siempre separando la apariencia y la realidad, terminó de darle la vuelta a la puerta. “Estoy cerrando mi estudio profesional” de abogados, dijo entonces ante las cámaras de Semana en Vivo para responder las críticas. Todo indica, más bien, que lo habría estado fusionando con el bufete internacional al que ahora se integra. Y desde ya estaría preparando el regreso al Estado como fiscal, para lo cual habría intentado influir en el proyecto de equilibrio de poderes para congraciarse con la Corte Suprema, según escribió Daniel Coronell.

El exsuperministro no es el problema y, por supuesto, hay muchos abogados y funcionarios prestantes y pulcros que aportan a los sectores público y privado. Su caso es solo el más traslúcido de la otra cara de la crisis de la justicia, que debería ser tan impresentable como la más visible.

 

*Miembro fundador de Dejusticia.

@CesaRodriGaravi

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