Por: Yesid Reyes Alvarado

Aborto, derecho penal y religión

Una vez más está abierta la polémica sobre el aborto y de nuevo hay una tendencia a confundir los planos religioso y jurídico.

Como se trata de decidir si todas las modalidades de aborto son delictivas, y no de discutir si esos comportamientos son pecaminosos, conviene prescindir de toda consideración basada en postulados de la Iglesia.

Uno de ellos es precisamente el de la inviolabilidad del derecho a la vida que nos habría sido otorgado por un Dios que se reserva la facultad de privarnos de él. Como ese ha sido uno de los pilares del debate, cada parte se ha ocupado de invocar opiniones médicas y teológicas sobre el instante en el que una célula se convierte en un ser humano cuya supervivencia debe ser respetada.

Creo que en este punto la controversia está mal planteada, porque se asume de manera equivocada que ese es un derecho absoluto; entiendo que en algunos momentos de la historia (no en todos, como lo demuestra el tristemente célebre período de la Santa Inquisición) la Iglesia ha considerado que la existencia del hombre es sagrada. Pero desde el punto de vista jurídico todos los derechos son susceptibles de limitaciones; la vida en sociedad supone la coexistencia de múltiples intereses individuales cuya protección a ultranza sería imposible, en cuanto necesariamente conduciría a la afectación de prerrogativas ajenas.

La convivencia en comunidad requiere la fijación de límites al disfrute de todos los derechos, tarea que en el ámbito jurídico se desarrolla a partir de continuos ejercicios de ponderación respecto de su ejercicio entre los ciudadanos y en relación con el conglomerado social. Eso explica que si bien el estado natural del hombre sea la libertad, una autoridad judicial pueda disponer su encarcelamiento como forma de proteger a los demás de acciones delictivas, o que un conductor de Transmilenio pueda negarse a dejar descender un pasajero en sitios distintos de los señalados para el efecto.

A esos continuos ejercicios de reflexión no escapan ni los derechos a la integridad personal. Los cirujanos están legalmente autorizados para que en ciertos casos amputen miembros del cuerpo y muchas personas alrededor del mundo disfrutan con combates reglamentarios de boxeo cuya finalidad esencial es causar al oponente el mayor daño posible en su salud. No son pocos los casos en que esas peleas terminan con el fallecimiento de uno de los deportistas, sin que ello genere un reproche penal para su causante. En los conflictos armados (internos y externos), las partes persiguen explícitamente la eliminación física del enemigo, al punto que suele celebrarse públicamente el abatimiento de personas al margen de la ley.

Lo que hizo la Corte Constitucional en mayo de 2006 hace parte de la labor diaria de la justicia terrenal en todas sus manifestaciones; ponderó diversos intereses y llegó a la conclusión de que en determinados casos el aborto debe ser tolerado, porque el derecho del que está por nacer debe ceder ante otros de mayor jerarquía que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a las mujeres. Y eso no tiene nada que ver con que desde una perspectiva religiosa la vida sea o no una prerrogativa sagrada.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Yesid Reyes Alvarado

La política contra las drogas

La carta de Álvaro Uribe al papa

Detención preventiva y excarcelaciones

Derecho a la libertad vs. derecho a la mora