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hace 18 mins
Por: Yesid Reyes Alvarado

Aborto y cosa juzgada

Debido a una demanda que se presentó contra la norma que sanciona penalmente algunas modalidades de aborto, la Corte Constitucional debe decidir, entre otras cosas, si puede volver a pronunciarse sobre su constitucionalidad, pese a haberlo hecho ya en el 2006.

El propósito fundamental de esta figura (la cosa juzgada) es, según la propia Corte, “la protección de la seguridad jurídica que impone la estabilidad y certidumbre de las reglas que rigen la actuación de autoridades y ciudadanos”. Sin embargo, el tema admite matices, porque una cosa es pedirle a la Corte que se pronuncie sobre un asunto respecto del cual una decisión previa ha agotado todas las variables susceptibles de discusión, y otra solicitarle que examine una nueva faceta sobre la que no ha existido un pronunciamiento previo.

De la primera hipótesis es ejemplo la demanda, en cuanto en ella se pide declarar como absoluta la prohibición de abortar en centros de salud legales, cuestión que fue expresamente examinada en el 2006 y resuelta en el sentido de que esa conducta no siempre es delictiva, sino que admite excepciones como las de los embarazos cuya continuación constituya un peligro para la vida o la salud de la madre, las graves malformaciones del feto que hagan inviable su vida, o los casos de embarazos no consentidos por la mujer. Por consiguiente, la Corte no puede regresar a la interpretación anterior sin afectar la seguridad jurídica, lo que debería conducir a que la petición de la demandante sea rechazada.

De la segunda hipótesis es ejemplo la posibilidad que ahora tiene la Corte de ampliar los casos en que el aborto no constituiría delito, puesto que esa decisión no afectaría la adoptada en el 2006. Lo que en esa oportunidad dijo fue que, si bien la opción de penalizar el aborto es constitucionalmente justificada como forma de proteger la vida en gestación, no lo es de manera absoluta e incondicional porque castigarlo en todas las circunstancias constituiría una grave y desproporcionada afectación a derechos fundamentales de la mujer embarazada, que también tienen protección constitucional.

Con base en esa premisa, la Corte dijo que es una atribución del legislador señalar en qué hipótesis resulta excesivo exigirle a la mujer la continuación del embarazo a costa de la anulación de sus derechos fundamentales, advirtiendo que, si el Congreso no lo hace, le corresponde al juez constitucional impedir que ellos sean objeto de afectaciones desproporcionadas. Por eso no solo estableció las tres excepciones ya mencionadas, sino que advirtió que el legislador puede prever otros supuestos de descriminalización, con lo cual dejó en claro que en su decisión no había agotado todas las opciones posibles. Por lo tanto, y ante la evidente pasividad del Congreso en esta materia, es perfectamente viable que la Corte desarrolle su propia decisión del 2006, adicionando más hipótesis en las que el aborto no debe ser penalizado, con base en el mismo principio que entonces sentó y que debe permanecer invariable: que la protección de la vida en gestación no puede hacerse a costa de un desmesurado sacrificio de los derechos fundamentales de la mujer embarazada.

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2020-02-11T00:00:07-05:00

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2020-02-11T01:10:37-05:00

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