Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Absurda e irresponsable

Tiene toda la razón el Fiscal General al criticar como premoderno el tipo de lógica que inspiró el fallo que destituyó al alcalde de Bogotá.

No se necesita ser un entusiasta de la gestión de Petro para entender lo extremo y malicioso de la decisión. Por ejemplo, según encuesta por auto-selección realizada por el noticiero Caracol (precisamente el tipo de escenario en el que le va mejor a gentes como las que apoyan a Ordóñez) más del 80% de quienes expresaron su opinión se oponía a la destitución.

Muchas otras cosas acertadas se han dicho sobre el evento. Pero una central aún queda en la penumbra: esto descarrilla la función del Gobierno. Pues a Petro no lo castigan por haber robado, ni por haber dilapidado, sino por haber tomado una decisión que perjudicó a un grupo de ciudadanos. El problema es que gobernar inevitablemente produce beneficios para unos, y costos para otros. Mantenga el precio del dólar a cierto nivel: habrá quien gane y quien pierda. Decida invertir en carreteras y no en trenes: lo mismo. Los economistas desarrollaron un concepto que captura muy bien esto: el de externalidades. Las decisiones gubernamentales inevitablemente generan fricciones y causan muchas externalidades, algunas de ellas dramáticas, sobre todo en un país como Colombia. Van apenas algunos casos: el ministro de defensa Camilo Ospina emitió una circular proponiendo unos indicadores para aumentar la eficiencia del accionar de la fuerza pública, pero ya sabemos que eso generó los vesánicos y aterradores falsos positivos. Cientos de muchachos de familias trabajadoras sufrieron las externalidades negativas de esa decisión. ¿Será que lo destituyen e inhabilitan para ejercer cargos públicos? O piensen en el desastre de la salud, y en la manera en que decisiones de muchos de los ministros del ramo en las últimas dos décadas permitieron que Colombia tuviera algunos de los medicamentos más caros del mundo. Esto, por lo demás, también ha causado muertos. ¿Será que los destituyen e inhabilitan para ejercer cargos públicos? Los ejemplos se podrían multiplicar al infinito. Nótese que el detrimento patrimonial también se produce por lo que no se hace (como ocurrió con el superintendente financiero). ¿Cuánto perdió el país y su erario por las carreteras que se dejaron de construir en la pasada década? ¿Será que destituyen e inhabilitan a los funcionarios involucrados en esa omisión escandalosa? ¿Con qué criterio escoge Ordóñez a quién castigar, de este enorme elenco de personas que han cometido, por acción u omisión, “faltas gravísimas”? A donde apunta la actuación de Ordóñez es a detener la máquina del gobierno: castigar selectivamente a quien genere externalidades desde el poder (es decir, a quien gobierne). Y esto subraya lo increíblemente irresponsable, premoderno, sí, y disparatado de su proceder.

Ahora todo el mundo corre a buscar ajustes a la figura de la Procuraduría. Que está mal diseñada, es cierto; pero el problema reside, como lo subrayó Hernando Gómez Buendía, en el personaje. O, pensándolo bien, en el sistema político que lo ungió, en un momento en que una coalición por mucho mayoritaria se proponía —creo que no de manera puramente verbal— impulsar la paz, alguna modalidad de gobernanza moderna, y una cierta apertura política. Y, pese a esos objetivos, no lo eligieron una, sino dos veces. Me pregunto cuántos de esos apoyos se sentirán ahora a salvo: pues ya están notificados de que los pueden castigar por tomar decisiones que no le gusten a Ordóñez (promover la paz, o los derechos de la mujer, o los de las minorías sexuales...).

Bueno, así están las cosas. Pero lo que se hace a través de la política se puede deshacer políticamente. Es momento de detener esta dinámica de parálisis y desestabilización generada por un fundamentalista irresponsable.

 

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2013-12-12T21:38:44-05:00

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