Acabar la parafiscalidad

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Colombia es uno de los países con mayor carga parafiscal de América Latina, según ANIF. Los economistas del Grupo Aval proponen, en consecuencia, eliminar la contribución a las cajas de compensación (4 % de la nómina) y los intereses a las cesantías, empobreciendo a los trabajadores. La justificación es que Colombia tiene recargas equivalentes al 48,5 % del costo salarial que generan enorme informalidad y desempleo.

En 2012 el gobierno Santos eliminó la contribución al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, aunque este lo continuaron pagando las grandes empresas. Esa medida tuvo un impacto visible en disminuir la tasa de desempleo y el costo fiscal fue asumido por el Presupuesto General de la Nación. Creo que sería conveniente cambiarnos el chip que nos induce a pensar que cobrar la seguridad social (pensión, salud, cesantías y cajas de compensación) a las empresas y a sus trabajadores es un destino.

Debemos ser ambiciosos: aumentar radicalmente los impuestos a la renta y al patrimonio, sobre todo de las personas naturales, y con ellos financiar la mayor parte de la seguridad social de los ciudadanos. Al Grupo Aval y a los dueños de las empresas en general, por ejemplo, se les debería gravar el 80 % de sus utilidades que superen cierto umbral, para financiar la salud, las pensiones y el subsidio familiar.

En vez de otorgar el 4 % de la nómina a las cajas de compensación, que es un chorro que malgastan, se les pagarían unas partidas que cubran los gastos que efectivamente favorecen a los trabajadores y no los dirigidos a los ejecutivos de las empresas o sus inversiones en clubes y hoteles. Algunas cajas han sido buenas como EPS y en prestar otros servicios, pero deben ser controladas pues son feudos privados de grupos que reproducen en sus juntas directivas, a pesar de que tienen algún representante de los trabajadores. Se trata de un engendro falangista que se nos dio por copiar en 1946, bajo un gobierno conservador, inspirado en la caridad y no en la justicia social.

En vez de cobrarles las cesantías y sus intereses a los patronos, sería preferible un sistema de seguro contra el desempleo en el que aporte mayoritariamente el Gobierno, que genere ingresos adecuados y por tiempo prudencial a los que queden cesantes; el ahorro que allí hagan los trabajadores se les devolvería con intereses al tiempo de su jubilación. Los aportes pensionales deberían ser cubiertos por lo menos en un 50 % por el Estado y no de la nómina, como hoy, repartidos entre patronos (12 %) y trabajadores (4 %). El sistema privado, que genera unas pensiones pírricas, debería ser complementado con fondos públicos, como se acordó recientemente en Chile frente al sistema que copiamos de allá.

Así mismo, los aportes a la salud, que se reparten por igual entre empresa y trabajador (otro 8 % de la nómina), deben ser asumidos en buena parte por el presupuesto nacional, de tal modo que los aportes de trabajadores y empresas se reduzcan a niveles cercanos al de Chile, donde solo representan un 13 % de la nómina total del país.

Obtendremos así un verdadero Estado social de derecho, una seguridad social que protege al trabajador del desempleo y cubre adecuadamente sus necesidades de educación, salud y recreación, y que entrega pensiones dignas. Sería un sistema que impulsaría el empleo formal, más justo y considerado que el actual. Aumentaría la productividad y la riqueza, gracias a que extendería la formalidad y con ello también los ingresos del Estado.

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