Por: Ernesto Yamhure

Acabar lo indestructible

LA MISIÓN: LLENAR DE PÁNICO A LA opinión pública con cifras fantasiosas. El objetivo: mostrar al gobierno anterior como el responsable de robos multimillonarios, cuando no billonarios.

Faltaba ese elemento para redondear la trapisonda contra los funcionarios del expresidente Uribe. Muchos falsos antiuribistas, esos que hoy posan de críticos del régimen pasado, pero que en su momento gozaron de las mieles del poder, ocupando pomposos y remuneradísimos cargos, son eximios constructores del desprestigio.

La gran falacia, la mentira cruel: durante ocho años, al frente de los ministerios más importantes se nombró a una caterva de hampones que se enriquecieron fabulosamente, adjudicando licitaciones a dedo.

Se ha dicho que los tecnócratas del Ministerio de Agricultura hoy detenidos facilitaron el robo de cientos de miles de millones de pesos, sin la existencia de prueba alguna. Pero aquello no importa. Las evidencias fueron reemplazadas por los rumores y las consejas.

Como si aquello no fuera suficiente, ahora aparece la madre de todos los escándalos: el desfalco a la salud. Háblase de 4,9 billones de pesos supuestamente expoliados. ¿De dónde salió esa cifra? Nadie lo sabe. Un serio funcionario de la Casa de Nariño me aseguró que el Gobierno nunca ha mencionado ese monto. Entonces ¿estamos frente a un caso de inventiva periodística?

Independientemente de la génesis, el mito ya está creado: se embolsillaron la colosal fortuna de casi 5 billones de pesos.

Miremos el caso con una dosis de serenidad. En 2007 la Corte Constitucional emitió un fallo de tutela que abrió un monumental boquete que desbordó las capacidades reales del sistema. A través de la T-760, la guardiana de la pintoresca constitución de 1991 aplastó el Plan Obligatorio de Salud. A partir del fallo de la constitucional, el sistema tiene que costear cirugías y tratamientos que no son vitales.

Todo en aras de satisfacer los diabólicos alcances de la Constitución de 1991 arrojando unas consecuencias que el país no alcanza a dimensionar. El sistema de salud colapsará en cualquier momento.

Resulta indispensable revisar algunas cifras. Los recobros ascendieron a 4,9 billones de pesos. De ese dinero, 4,6 billones se tramitaron a través del Fosyga.

El Fosyga, fondo que está adscrito al Ministerio de Protección Social, funciona de la siguiente manera. La administración corre por cuenta de las fiduciarias, fundamentalmente por la Fiduciaria Bancolombia, cuyo presidente es el señor Fuad Velasco Juri. Antes de hacer un desembolso, las cuentas son revisadas por dos firmas auditoras.

Así pues, las facturas presentadas por las EPS tienen suficientes filtros y son pagadas por las más importantes fiduciarias del país que, según le dijo el general Naranjo a La hora de la verdad, también son objeto de investigación.

Al margen de la magnitud del escándalo, que fue oportunamente denunciado por Diego Palacio Betancourt, ha quedado en el ambiente que el anterior ministro de Protección Social es el responsable del escándalo. No faltan los canallas que insinúan que él, un hombre honesto, trabajador y vertical, metió sus manos en el desfalco que se investiga.

Que el derecho se vaya al traste. A los altos funcionarios del gobierno de Uribe se les derogó la presunción de inocencia, invirtiéndoles la carga de la prueba. Un sector minoritario de la sociedad, coadyuvado por unos pocos medios de comunicación movidos por el más feroz de los odios, tiene la obsesión de acabar con el uribismo, olvidando que esta corriente cuenta con el respaldo de la mayoría popular, realidad que la hace indestructible.

 

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