Por: Arlene B. Tickner

Academia y política

Entre las películas que vi en Semana Santa, la merecida ganadora del Oscar, Trabajo confidencial fue la más impactante.

Además de detallar magistralmente los orígenes y desenlace de la crisis financiera mundial el documental nos acerca a algunos de sus principales responsables. Entre los villanos están los altos ejecutivos, ninguno de los cuales ha ido a la cárcel ni devuelto las irrisorias bonificaciones recibidas, los políticos, las entidades regulatorias y las agencias de calificación de riesgo. Pero lo que más indignación causa es la inclusión en esa lista de académicos vinculados a prestigiosas universidades como Columbia y Harvard que, tras la máscara de la experticia y el conocimiento científico objetivo, cobraron jugosos honorarios por investigaciones cuyo objetivo único era avalar las bondades de la desregulación del mercado financiero o por servir en la juntas directivas de algunas de las entidades implicadas en la crisis.

No se trata de una historia del todo desconocida en América Latina. En los años noventa el auge del neoliberalismo repercutió no sólo en la reingeniería del Estado sino en el ascenso de una modalidad de conocimiento “técnico” y “desideologizado” en teoría más apropiada para aumentar la eficiencia y mejorar la competitividad de los países de la región. A raíz de ello fue creándose una estrecha red de relaciones entre una generación de tecnócratas entrenados en el extranjero (sobre todo Estados Unidos) y el sector público (como también el privado), basada en la “autoridad experta” de ese grupo y su legitimación, con base en ella, de ideas y políticas de corte neoliberal.

La interacción entre la academia y la política —que en estos dos ejemplos ralla con la complicidad— es el tema a analizar en un seminario en el que participo esta semana. ¿Es buena la interacción entre la academia y el Estado? ¿Para qué y quiénes? ¿Existe un modelo ideal?

El hecho de que en principio, los “pares últimos” de la academia no son los funcionarios públicos sino la comunidad académica como tal, le otorga a ésta la independencia (si así la decide utilizar) tanto para legitimar como para criticar lo que hacen los Estados. A pesar de ello, como alguna vez lo observara Stanley Hoffmann en el caso de las relaciones internacionales, los académicos se debaten entre la “irrelevancia” y la “absorción” por el mundo político, en donde no sólo se imponen la autocensura sino que a veces les gana la avaricia, como lo muestra Trabajo confidencial.

Si bien una función importante de la academia es la elaboración de conocimiento que ayude a esclarecer problemas específicos que enfrenta la sociedad y a diseñar políticas para resolverlos, el único estándar de su “relevancia” no puede ser ése. Una academia socialmente responsable es por naturaleza transformista. En lugar de prestar su experticia para legitimar el statu quo —y en casos extremos a políticas poco éticas o corruptas— parte del supuesto de que ser “relevante” es también reconocer el estrecho vínculo que existe entre el conocimiento y las relaciones de poder. Aunque hay problemas mucho más grandes con los cuales lidiar en Colombia, la discusión sobre la reforma educativa no debe obviar el tema de la independencia académica y su rol en la creación de conocimiento al servicio de todos y no sólo unos pocos.

 

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