Por: Hernán González Rodríguez

¿Acaso es posible reformar la Justicia?

En un excelente artículo publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia aparecen algunas de las razones por las cuales quienes no somos abogados consideramos que la Justicia en Colombia no merece confianza, realidad que confirman las encuestas cuando nos revelan que apenas entre el modesto 50 y el 60% de los colombianos confía en sus jueces y en sus Altas Cortes.

Según la Corporación citada, en este momento existen tres millones de expedientes represados sin evacuar. Un juicio tarda en promedio 1.300 días y el costo de éste supera ligeramente el 50% de las pretensiones de los demandantes. De acuerdo con el documento del Banco Mundial, titulado Doing Business, el cumplimiento ineficaz de los contratos en Colombia nos ubica en el vergonzoso lugar 152 entre 183 países analizados. En Canadá, por ejemplo, el proceso de lanzamiento de un deudor moroso tarda tan sólo 9 días.

En los países avanzados la Justicia está ya sistematizada. Las demandas se realizan por medios electrónicos y se exigen respuestas de corto plazo. La jurisprudencia está concentrada y se consulta y se siguen los procesos por medio de internet.  Si la Justicia genera confianza y seguridad se benefician las "condiciones de injusticia social" como el desempleo y la economía en general. La formación jurídica y ética de los abogados se realiza en centros académicos selectos, no a granel y en "garajes" como en Colombia.

Los ciudadanos comunes y corrientes no comprendemos los motivos por los cuales algunos jueces liberan a delincuentes capturados con armas, explosivos o reconocidos tras una larga cadena de delitos, con el argumento de que el "procedimiento para detenerlos fue mal ejecutado". El señor Alcalde de Medellín y generales del Ejército y de la Policía se quejan a diario de esta incompetencia o venalidad. Y para rematar, a no pocos de estos peligrosos delincuentes les conceden el beneficio de casa por cárcel.

Numerosos colombianos no alcanzamos a comprender los motivos por los cuales son más graves las "chuzadas" o interceptación de las comunicaciones de magistrados de las Altas Cortes que indagar sobre los indicios de relaciones de ellos con las mafias. Lamento afirmar que en Colombia no existe autoridad competente para juzgar a las Altas Cortes.

Tampoco comprendemos las tutelas contra los fallos de las máximas instancias, ni la tutelomanía que toleran en el sector de la salud, donde algunos jueces ineptos deciden sobre temas de alta medicina. Ni la modulación o legislación que realizan las Cortes al emitir sus sentencias en temas que no les incumben o que ignoran, como lo demuestran con sus desaciertos en la economía, las extradiciones, las bases militares...

En resumen, los problemas de la Justicia Colombiana se presentan desde la cúspide hasta la base y su solución no es solo cuestión de más funcionarios, ni de mayores sueldos ni de edificios. Es también cuestión de ética, de buena formación jurídica, modernización y de revisar algunos códigos. Para finalizar la presente nota conviene preguntarnos si, ¿acaso será posible conciliar una reforma integral a la Justicia con las Altas Cortes y con ciertos intereses políticos inconfesables de éstas?

 

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