Por: Fernando Galindo G.

Acefalía hereditaria del sistema de salud

La unificación del pos del régimen subsidiado con el contributivo, que ampara a 11,5 millones de colombianos, confirma una realidad sufrida por el sector: el sistema de salud impuesto por la Ley 100 ha carecido de rectoría.

El Artículo 162 de dicha ley estableció que “los afiliados según las normas del régimen subsidiado… alcancen el plan obligatorio del sistema contributivo, en forma progresiva antes del año 2001”. Como ese mandato no se cumplió por parte de los sucesivos gobiernos, la Corte Constitucional produjo la Sentencia T-760 en julio de 2008, para obligar al Estado a satisfacer ese requerimiento y sólo hasta ahora se intenta lograrlo, en condiciones adversas.

Durante los 19 años transcurridos, los actores del sistema no han sido acertada ni armónicamente dirigidos hacia el objetivo constitucional de ofrecer las garantías del derecho pleno a la salud para todos los colombianos y se permitió, con la reverencia cómplice del Estado, que las ambiciones monetarias pervirtieran las buenas intenciones de la Ley. La ausencia de vigilancia y control favorecieron la tiranía de las EPS sobre los demás componentes del sistema.

Con la estrepitosa caída de la reforma a la justicia se estila que los funcionarios públicos asuman algún grado de responsabilidad por los errores gubernamentales. Así lo hizo la ministra Londoño, en la entrevista de Yamid Amat el pasado 3 de julio. La ministra está vinculada al sistema de la Ley 100 desde sus orígenes; fue secretaria de Salud de Bogotá, directora de Bienestar Familiar y asesora en el Ministerio de Hacienda del hoy presidente. Con él, fue viceministra de Protección Social y desde este año, titular del restablecido Ministerio de Salud. Afirmó que, “por primera vez, se rendirá en los próximos días el informe de la revisión a la calidad de las EPS”. Reconoció que desde el inicio del sistema se abandonó la prevención y promoción de la salud, porque el énfasis se concentró en el interés financiero, que era el de las EPS. Se lamentó de la inoperancia de la Superintendencia Nacional de Salud, sin responder categóricamente a los cuestionamientos de Yamid, versado como el que más en la crisis de la salud, quien insistió en indagar si esa dependencia era “un fortín político”.

La entrevistada dejó la sensación, ya experimentada por anteriores ministros, de que la magnitud del desequilibrio generado por el incremento de los abusos permitidos desborda la capacidad del Estado para resolverlo dentro de los parámetros del propio sistema. Las expectativas optimistas sobre el crecimiento del régimen contributivo con las que se festejó la aprobación de la Ley 100 en 1993 se frustraron por la depresión económica de finales de siglo. El subsidiado, en lugar de disminuir, agregó ocho millones de afiliados en los dos períodos de Uribe.

Las voces de alerta sobre la inminencia del colapso del sistema fueron soberbiamente desatendidas por los pasados gobiernos. Ahora es el turno del presidente Santos para cambiar el modelo, antes de que se lo imponga el referendo que convocarán los secretarios de Salud reunidos en Bogotá.

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