Aciertos y fallas del Gobierno sobre vacunas

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La vacunación masiva frente al SARS-CoV-2 es muy difícil para cualquier Estado, incluso los más capaces y desarrollados. En esta compleja tarea, el gobierno Duque ha tenido aciertos, como esforzarse por lograr acceso a una cantidad suficiente de vacunas diversas y contar con un plan público de vacunación, que está bien orientado, aunque tenga omisiones y contenidos problemáticos. Pero el Gobierno ha cometido también errores serios. Destaco en esta columna tres y dejo para otro escrito el análisis de los problemas del plan de vacunación.

Primero, su desprecio por los esfuerzos de otros países del sur global para lograr que las vacunas fueran un bien público internacional que estuviera exceptuado de las reglas de propiedad intelectual. Costa Rica y Chile lideraron una propuesta en ese sentido y Sudáfrica e India propusieron en la OMC una limitación a la propiedad intelectual sobre vacunas y tratamientos frente al COVID-19. El gobierno Duque no apoyó ninguna de esas propuestas.

Por esa actitud de países como Colombia y el apoyo de los países del norte a sus multinacionales, esas propuestas multilaterales no han fructificado y casi todos los países (Colombia entre ellos) han caído en una competencia nacionalista por las vacunas, que ha sido justamente criticada por la OMS, pues está permitiendo a las farmacéuticas imponer exigencias casi extorsivas. Pero, y ese es el segundo error, en vez de reconocer esa situación y apoyar (nunca es tarde) esos esfuerzos de multilateralismo de países como Costa Rica o Sudáfrica, o señalar que actúa por esas presiones de las multinacionales, el gobierno Duque parece atrapado en una especie de síndrome de Estocolmo con las farmacéuticas, pues defiende sus exigencias como si fueran justas, cuando no lo son.

Así lo hizo en el Congreso con el trámite de la Ley 2064 al defender la cuasi exclusión de responsabilidades de las farmacéuticas por eventuales daños por las vacunas. Y lo hace ahora al defender la confidencialidad sobre los contratos. Estas exigencias no son justas, son simples imposiciones, por lo que el Gobierno no debería justificarlas como si fueran apropiadas, cuando no lo son. Así podríamos debatir si existen o no alternativas realistas para acceder a las vacunas sin esas imposiciones, como promover negociaciones conjuntas de toda América Latina. O si nos toca tragarnos ese sapo.

Tercero, la falta de claridad. El presidente tiene su programa televisivo diario sobre COVID-19 que, dicho sea de paso, por su populismo se asemeja a aquellos que hacían sus criticados Chávez y Correa. Sin embargo, a pesar de esa cantidad de programas, lo cierto es que en un tema esencial como el inicio de la vacunación no hay claridad. El presidente anunció en diciembre, en forma inequívoca, que la vacunación empezaba entre enero y febrero. Ahora el ministro de Salud dice que el Gobierno nunca se ha comprometido con fechas de inicio de vacunación. La contradicción es obvia en un tema para nada menor. Por ello, si no hay fecha aún, el Gobierno debería disculparse por haber mentido en diciembre, generando falsas esperanzas. En todo caso, ¿por qué no hay fecha de inicio de la vacunación si ya hay al menos una vacuna autorizada y, según dice el mismo Gobierno, ya sabemos cuándo llegan las primeras dosis? Difícil de entender y aceptar tanta incertidumbre y falta de claridad gubernamentales.

Todos estamos interesados en que la vacunación masiva salga bien. Por ello el Gobierno debería reconocer y corregir sus errores y buscar consensos en este tema, en vez de refugiarse en el silencio o en una actitud defensiva de descalificar a sus críticos, como lo han hecho en estos días el presidente, el ministro de Salud y sus asesores.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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