Por: Cecilia Orozco Tascón

Acomplejados y sometidos

La dignididad del país ha quedado mal parada: los candidatos presidenciales, que pretenden ser los líderes que conducen la sociedad a mejores destinos, no fueron capaces de someter a discusión, en abstracto, la figura de la extradición. Mucho menos iban a tener el coraje necesario para examinar la pertinencia de entregar a un colombiano a Estados Unidos con el argumento formal y sin pruebas, es decir, casi a ciegas, como es la condición de la persona requerida en esta ocasión, de que esta es responsable de incurrir en el delito de narcotráfico. Solo Humberto de la Calle, solo y también inmensamente solitario, se atrevió a proponer una revisión, en Colombia, del caso Santrich: mucho pedir, mucho miedo, mucho complejo de narco colombiano, mucho sometimiento mental al Gran Hermano porque, sin esforzarse, la maquinaria del “deber extraditar” paralizó la capacidad de reacción de sus pares, los otros aspirantes a la Presidencia (y, tras ellos, de la prensa y del aparato de poder).

Para desencanto patrio, ninguno de los que se presentarán a elecciones se detuvo un segundo a considerar si podían resolver el problema a tiempo para impedir una debacle, pero a destiempo para sumarles votos a sus campañas. Por eso o por liviandad, se limitaron a responder que había que extraditar ya a Santrich, declarado culpable de una vez y antes del juicio por la DEA, por el fiscal Martínez -el Attorney General, como lo llaman con ironía– y, por supuesto, por la ultraderecha fascista que reconoce a los delincuentes del extremo político opuesto, pero niega los propios, ¡aunque sus crímenes estén a la vista! No sirvió de nada el suicidio sin cálculo de De la Calle. Y no por asumir la enredada defensa de Santrich que ha violado el Código Penal durante años, sino por motivos superiores: en palabras del candidato liberal, por “intereses de seguridad nacional” que se refieren a los relacionados con el Acuerdo de Paz y sus 3.000 vidas preservadas en lugar de 3.000 muertes, y a la enorme posibilidad de que con la extradición de Santrich y la que estaría en ciernes de Iván Márquez (que no son otras dos del montón porque quiebran el Acuerdo), regresemos a otra guerra de guerrillas que podría comprometer, de nuevo, 20, 30 o 50 años de nuestra historia. A la DEA qué le importa. Debería importarle, eso sí, a quien será nuestro futuro presidente. Pero no.

Para información de los despistados candidatos, estudiar la conveniencia de ciertas extradiciones es potestad que se reserva para sí cualquier Estado por pura dignidad, ese valor maltrecho en sus manos. Para empezar, la Corte Suprema, por donde pasa ese trámite, ha negado desde hace más de una década la extradición del individuo solicitado cuando este es sujeto de procesos en justicias de transición que buscan restituir los derechos a la reparación integral de las víctimas de sus crímenes. A modo de ejemplo, cito la frase de una decisión de 2008 en que se rechaza la entrega a Estados Unidos de un paramilitar admitido en la Ley de Justicia y Paz, sistema de desmovilización del gobierno del ‘coco’ Uribe: "(los jueces no pueden pasar como meros espectadores en trámites de extradición pues su misión va más allá) de donde resulta imperativa su obligación de… ser guardianes del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta...(negando la salida del culpable)”; para continuar, la Ley Estatutaria de la JEP, que se encuentra a examen de la Corte Constitucional, tiene un “articulito” que no recuerdan: el 156 que reza que “no se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, antes de que terminen de ofrecer (esa) verdad”; y, para concluir, la laureada periodista estadounidense Deborah Sontag, libre de la sospecha que nos cubre a todos los habitantes del lado sur del continente, descubrió, en un informe en The New York Times que tituló “Justicia interrumpida: paramilitares en Colombia, privilegiados en Estados Unidos”, el efecto desastroso, en materia de impunidad, de la entrega a su país de los responsables de los grandes crímenes en el nuestro. Ella criticó la estrategia, cuya explicación aún nos debe el entonces presidente Uribe, de extraditar, en la madrugada del 13 de mayo de 2008, a 14 jefes paramilitares. Afirma Sontag que “la mayoría, según hemos descubierto, fue premiada generosamente” porque los mega-asesinos fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales, no fueron juzgados por las masacres, violaciones, desapariciones y desplazamientos masivos sino por narcotráfico, el único delito que le importa a la justicia norteamericana. Y añade que “se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos en esos penales”. También reveló que el Departamento de Justicia “llevó los casos de los extraditados en secreto, no sólo impidiendo el acceso a documentación básica, sino ocultando información e incluso borrando a acusados de los sumarios”.

El “Attorney General” Martínez, la DEA que interfiere gravemente la elección colombiana de jefe de Estado y nuestros temerosos candidatos, ¿creerán que la Corte Suprema, Sontag y De la Calle se aliaron para conspirar a favor de Santrich? Como diría George Orwell sobre el lema del Gran Hermano que nos domina sin dejarse sentir, para él y sus aliados, “la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza”.

 

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