Por: Brigitte LG Baptiste

Acoplásticos vs. Santa Marta

La odiosa botella plástica vacía tirada en medio de la playa o flotando en un caño de aguas negras se ha convertido en símbolo de la incapacidad contemporánea de manejar los subproductos de una cadena de innovación aparentemente construida para el bienestar social. O, mejor, para su comodidad, porque a la playa o al paseo se puede llevar agua casera en “botilito”, siempre más barata. La prueba de que los humanos no somos económicamente racionales es la disposición a pagar $2.000 o $3.000 por algo que cuesta centavos y que a cambio solo requeriría un ejercicio de consciencia ciudadana, incluida la depreciación y pago de deuda de carbono de ese envase que podría ser de aluminio u otro tipo de polímero petrogénico.

Los fabricantes de envases de uso único aducen que su producto es reciclable y por tanto la responsabilidad de la recolección está en manos de la ciudad, que no cumple con prestar el adecuado servicio. Los ciudadanos acusan también a las empresas de servicios públicos por su ineficacia e incapacidad de separar los subproductos que serían materia prima de nuevos ciclos industriales. Las administraciones aducen que los nuevos requerimientos del reciclaje deberían verse reflejados en impuestos a fabricantes o tarifas más altas que nadie quiere proponer ni aprobar, cuestan muchos votos. Como se ve, se trata de un billar a tres bandas donde nadie hace carambola para pasar el turno rapidito al que le sigue.

¿Quién debe aportar el esfuerzo adicional que se requiere para garantizar que todas las botellas y bolsas plásticas se recojan y dispongan adecuadamente? ¿Tiene sentido una política pública basada en la prohibición de plásticos de uso único? ¿Hay que cobrar al productor su responsabilidad extendida, como ya es norma en muchas partes, o al consumidor, sea en el precio final de venta o en el recibo del agua?

En la práctica la evidencia nos dice que los ciudadanos están más dispuestos a pagar cualquier precio por lo que de hecho consideran un derecho (inexistente) a contaminar, que a exigir a las embotelladoras y distribuidoras de líquidos una proporción de sus ingresos o sus impuestos para garantizar la economía circular del polietileno, incluida toda su huella ecológica. Mala educación por todos lados, consumismo inútil y publicidad sin ética bailan juntos frente a la extinción mientras la complicidad perversa de los tres actores espera que las cortes reciban la primera demanda de una ciudadana con cálculos biliares plastificados, el punto que querría prevenir Acoplásticos viendo cortar las barbas de Bayer-Monsanto por culpa del glifosato o lo que se viene con el tema del asbesto en rellenos “sanitarios” en Ubaté. Un gesto de grandeza está en el horizonte…

Nadie le pone el cascabel al gato, pero al final, con unas proyecciones de reciclaje efectivo tremendamente limitadas, no hay más remedio que determinar una moratoria a bolsas y botellas: como en el caso del fracking, ni nuestra institucionalidad, ni los consumidores, ni los empresarios (salvo honrosas excepciones en los tres casos) dan muestras de estar a la altura de los retos de gestión. A ese paso, sólo los abogados tendrán el “privilegio” de seguir debatiendo apretujados en las islas flotantes del plasticéano; todos los demás, extintos.

 

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