Por: Ana Cristina Restrepo Jiménez

Acoso público

De frente y sin vergüenza: ¿por qué acosar mujeres a escondidas si en Colombia se puede hacer en público, ante micrófonos y cámaras?

Daniela Montoya, la primera integrante de la selección Colombia que denunció irregularidades en el fútbol femenino, fue vetada. Ante testimonios como los de la fisioterapeuta Carolina Rozo y las jugadoras Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, anunció que “no cree posible la realización de una liga profesional”.

Para completar el cuadro, González se ha referido reiteradamente al “hecho grave de que tres grandes empresas que habían presentado a la Federación propuestas comerciales para patrocinar la Liga Profesional Colombiana dijeron que no. Y lo hicieron a raíz de estas denuncias y el escándalo público que las mismas motivaron”. En #ColombiaEstáAlAire de Blu Radio, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, también lamentó la fuga de patrocinio.

No hay que ser abogado para entender que sin acosos las denuncias (“el escándalo”) jamás hubieran existido.

Cuando los dirigentes deportivos vinculan públicamente las denuncias de acoso con el retiro de patrocinios hacen un llamado tácito al silencio, al imperio de la lógica de “calladitas se ven más lindas” para evitar la pérdida de dinero. No se atrevieron a desvelar el problema de modo correcto, real y justo: sin acosos, el patrocinio hubiera permanecido.

También en Blu Radio, fue evidente la incomodidad de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), ante la pregunta por las tablas de salarios: de inmediato —y con razón, lo entiendo— defendió el carácter privado de la institución, pero es que lo que interesa no es la cantidad de dinero sino los porcentajes que marcan la inequidad entre hombres y mujeres en salarios, viáticos, hoteles, uniformes. Ni hablar de las relaciones humanas. La historia y dinámica comercial del fútbol masculino deben propender por el equilibrio.

Es tal el poder de estos señores que no hay vicepresidenta Ramírez que llame al orden ni presidente Duque que valga. Aquello del “Pacto por la Transparencia y la Protección de los Niños y las Mujeres en el Deporte” y la posibilidad de ser sede del Mundial Femenino 2023 parecen chistes que necesitan explicación.

Colombia es el actual escenario de un #MeToo invertido: el poder económico y social es la coraza de los acosadores, con el soporte incondicional de silencios selectivos y, cómo no, la asquerosa solidaridad de cuerpo, tan propia del machismo cuando se siente atrapado. La historia se repite. En nuestro país, la mujer que denuncia abusos termina siendo castigada: “Borrachas”, “chismosas”, “escandalosas”, sin liga profesional.

(Acepto mi responsabilidad como periodista y mujer —mamá de una niña disciplinada que entrena un deporte— por no haber advertido esta situación a tiempo).

La dirigencia tuvo una oportunidad invaluable para cambiar la historia del fútbol femenino en el país, pudo marcar un hito a nivel internacional en la historia de #MeToo. Pero no, prefirieron seguir los pasos de Donald Trump: divas mediáticas que usan su poder para pasar del acoso privado al público.

 

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