Acto fallido

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Quien, en teniendo una columna de opinión, tanto en un medio regional como en uno nacional, no se haya referido al paro que se inició el 21 de noviembre, el 21N, acaso apenas si exista y registre como colombiano en uso de sus facultades.

Más aún, quien desde su resguardada atalaya no haya tomado partido, confrontado y enfrentado de palabra, pensamiento, ira e intenso dolor, bandería e ideología, su sacrosanta opinión, su verdad imbatible, con los comunes que van de a pie, lanzan vivas, arribas y abajos, cantan y entonan músicas autóctonas, gritan consignas, reclaman derechos usurpados, los propios y los ajenos que sientan y les duelan, no está vivo o no ejerce de tal en Colombia.

En esa secuencia y provisto de mi aljaba sobre el 21 N, me aventuro a ratificar mi condición de colombiano vivo, procurando que mis decires no se excedan en emocionalidad, guarden la mesura y mensuras de racionalidad y compostura, la sindéresis, objetividad e imparcialidad, que las buenas costumbres imponen.

Así las cosas, empezaré por destacar los novedosos elementos que el paro nacional me descubrió: civilidad, juventud, heterogeneidad, los cuales se tradujeron en el carácter pacífico de las marchas en todo el territorio nacional hasta cuando, ya bien avanzadas en su desarrollo, los “programados” y “adiestrados” en el oficio escuadrones de vándalos y otros, entraron a concluirlas por el atajo de la violencia terrorista con sus provocaciones, saboteos y “estrategias” de control y pacificación.

Civilidad, en cuanto que las marchas y la protesta no violenta que ellas revestían se asumieron y consumaron por sus organizadores y participantes dentro del marco y las premisas jurídicas, políticas e institucionales de la democracia; se apoyaron en los principios del sistema jurídico y político que la encarna y no perseguían fin distinto del de hacer valer derechos consagrados en ese sistema que no están siendo aplicados o reconocidos conforme la democracia y la institucionalidad jurídica lo imponen.

Nunca, en ningún momento, la protesta convocada tuvo el carácter de promover por la vía de la insurrección el arrasamiento del sistema jurídico, político y económico vigente, ni borrar la democracia de la faz de Colombia, ni cerrar el Congreso, ni acabar con los bancos, la industria, la agricultura, la propiedad privada.

Ninguna “pretensión totalitaria” y menos “la negociación del Estado”, persigue el paro por la vigencia, restitución y cumplimiento de derechos ciudadanos otorgados por la “legalidad burguesa”. Nada de eso se insinuó siquiera en las proclamas de las marchas y músicas del 21 N, pues de cuanto se hizo uso fue de un derecho moral, el de la desobediencia civil, como mecanismo legítimo, jurídico y democrático, de “impugnar un mandato porque se entiende que no es conforme con esas reglas de juego que todos hemos aceptado, la Constitución en la democracia”.

De eso que no quepa la menor duda, pues hasta el propio Presidente de la Republica lo pregonó con reiterada convicción, solo que luego y con el correr de los días tal convicción vino a derivar en acto fallido; en una confusión letal entre cuanto iba a decir y cuanto terminó haciendo, con las consecuencias en suspenso que ese “desliz freudiano” puede traer en desmedro del sistema, la “legalidad burguesa”, el gobierno y Colombia.

* Poeta.

@CristoGarciaTap

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