Por: Catalina Ruiz-Navarro

Acuerdo de Paz en resistencia

El domingo por la noche, el presidente Duque hizo una memorable alocución presidencial. Memorable porque a los cinco minutos de eufemismos (y casi ocho meses de gobernar) Duque destapó por fin las verdaderas intenciones de su Gobierno, intenciones que toda Colombia ya conocía, pero que aún no se habían puesto en palabras con tanta candidez y cinismo. Resulta que Duque se lo estuvo pensando y tiene objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP (confirmada y reconfirmada por la Corte Constitucional y en cuatro debates en el Congreso) y los fundamentos de su decisión son, básicamente, los mismos argumentos que usó el uribismo en las cadenas de Whatsapp para convencer a la gente de que votara “No” en el plebiscito.

Duque vuelve a hablar de los bienes —entregados e inventariados— de las Farc, y con la objeción al artículo 7 —sobre la reparación de víctimas— parece recular a la responsabilidad del Estado en la reparación. La objeción al artículo 153 sencillamente entorpece la búsqueda de verdad y reparación, porque desincentiva la comparecencia ante la JEP, y esto impedirá que los excombatientes de todos los bandos cuenten la verdad, que es la primera condición necesaria para reparar a las víctimas. Otras objeciones son sencillamente redundantes. Ya la Corte Constitucional ha dicho exhaustivamente que sí procede la extradición frente a delitos cometidos después del 1° de diciembre de 2016. Pero en realidad esta contraargumentación es irrelevante, pues estamos ante la estrategia de siempre. El uribismo saca votos del rencor contra las Farc, del miedo, y desde el 2002 viene replicando estos argumentos (emociones) cada tanto para mover sus bases de votantes. Las objeciones uribistas han sido discutidas y contestadas por la Corte Constitucional extensivamente, pero eso no importa, porque esto se trata del deseo de venganza que se disfraza de razón en esas objeciones.

Una de las cosas más indignantes es que está usando a la niñez víctima del conflicto para hacer populismo contra el Acuerdo de Paz, que es algo que va en detrimento de las mismas víctimas. El uribismo está instrumentalizando la violencia sexual y los avances del movimiento de mujeres para destruir la paz, cuando lo que más queremos las mujeres y feministas colombianas es precisamente el fin del conflicto. Además, como dije en este espacio el año pasado: “La justicia transicional no es impunidad, es todo lo contrario: reconocer la violencia sexual en medio del conflicto como un crimen contra la humanidad significa entender que mujeres, niñas y niños hacemos parte de esa humanidad”. Enviar los delitos de violencia sexual contra niños y niñas en medio del conflicto armado a la justicia ordinaria es garantizarles un 90 % de impunidad.

Quizá lo único bueno de todo esto es poder ver una oposición capaz de ver a través de este discurso y alinearse alrededor de lo importante: que Colombia tiene que pasar la página del conflicto armado, que no podremos construirnos como país si se rompe el Acuerdo de Paz. En las brillantes palabras de Juanita Goebertus: “Hay que vivir muy alejado de la Colombia rural para creer que proponer cambios a las reglas del juego que permitieron el desarme de 13.000 excombatientes de las Farc no genera ningún efecto en la realidad”. Sobre todo, Goebertus tiene razón en decir que, si por capricho de la sombra del presidente se van a desconocer las sentencias de la Corte Constitucional, se van a ir al traste las garantías en derechos humanos que hemos conquistado en los últimos años (como el derecho al aborto y al matrimonio igualitario).

Al menos ahora las cartas están sobre la mesa. El uribismo no trae nada nuevo, una vieja estrategia que desde el poder hegemónico resulta aún más eficiente, pero que ya conocemos. Esta es en realidad una nueva oportunidad para unirnos en la resistencia.

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2019-03-14T00:00:55-05:00

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2019-03-14T00:15:01-05:00

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