Por: Daniel García-Peña

Acuerdo Final final

Este viernes se cumple un año del llamado “Acuerdo Final” firmado entre el Gobierno y las Farc en un acto solemne en el Teatro Colón, aunque dos meses antes se había firmado, en un evento mucho más pomposo en Cartagena, un primer “Acuerdo Final” que, tras el plebiscito, resultó no ser tan final. Sin embargo, desde ese entonces lo que se ha visto es que cada vez que el Congreso le mete mano a la implementación vía fast-track o la Corte Constitucional emite un fallo, le quitan o le agregan algo, es decir, hay un nuevo “Acuerdo Final”.

Lo más reciente es muy grave. La sentencia de la Corte Constitucional la semana pasada, aunque ratificó la Justicia Especial para la Paz, excluyó a “agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes”, es decir que ni los paramilitares ni sus aliados están obligados a someterse a la JEP. Eso no fue lo acordado. Como lo advirtió Rodrigo Londoño en carta enviada a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, es la impunidad de siempre.

Este hecho es sólo el mas reciente tropiezo de lo que ha sido el camino tortuoso de la implementación. Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, a la fecha se ha completado apenas el 17% de lo acordado, el 28% ha tenido un desarrollo mínimo o intermedio y el 55% está aún sin iniciar. En lo referente a la desmovilización y dejación de armas de las Farc, el cumplimiento ha sido impecable, pero en lo relacionado con las causas del conflicto —la reforma rural integral, la participación política y la sustitución de cultivos de uso ilícito— ha sido prácticamente nulo. Y lo más grave, más de 100 líderes sociales han sido asesinados, así como 25 integrantes de las Farc.

Todo ha sido una lucha. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, creada por el Acuerdo Final, en vez de cumplir las funciones que su nombre implica, se ha convertido en la práctica en una nueva mesa de negociación, renegociando punto por punto todo lo que se suponía estaba ya acordado.

La ONU ha expresado su preocupación. En días pasados, Jeffrey Feltman, secretario general adjunto para Asuntos Políticos, advirtió sobre los atrasos en la reincorporación de los exmiembros de las Farc, la crítica situación de seguridad en las zonas de las cuales salieron y las incertidumbres legales y jurídicas, y eso que aún no conocía los detalles del fallo de la Corte Constitucional.

En verdad, nada de esto nos debería sorprender. No es la primera vez que el Estado colombiano incumple, como lo pueden atestiguar las comunidades indígenas, los campesinos, los cocaleros, etc., etc. El nuestro es un Estado fragmentado, ineficiente, corroído por el clientelismo y la corrupción, con un centralismo desmedido y gobiernos locales débiles o controlados por economías ilegales, con una Fiscalía que opera como rueda suelta y unos jueces a los que se les olvida que deben aplicar la ley y no lo que a ellos les plazca. Y, para rematar, un presidente con el sol a las espaldas, niveles altísimos de desaprobación ciudadana y una coalición de gobierno desintegrándose.

Pero a pesar de todo, sigo convencido de que la decisión que valerosamente tomaron las Farc de dejar las armas y apostarle a la política legal fue la correcta: para ellos, para la enclenque democracia colombiana y para el país. Mucho peor hubiera sido prolongar una guerra degradada y sin perspectiva alguna.

También creo que el Eln hace bien en persistir con el cese al fuego y la definición de la participación de la sociedad. Entiendo que el pésimo ejemplo que el Estado está dando frente a las Farc no sirve de aliento. Pero yo les diría que en vez de esperar a que el Estado colombiano se “arregle” y se vuelva cumplidor para luego firmar la paz, más bien dejen atrás la guerra y se vengan a ayudar a construir un nuevo Estado con sus ideas y propuestas.

Pensar que la firma de un acuerdo traería la paz de inmediato es irreal y peligrosamente engañoso. Las verdaderas transformaciones sociales y políticas son complejas, lentas y sólo se pueden lograr con el desarrollo de la democracia. Por ello, el verdadero Acuerdo Final final se determinará en las elecciones de 2018.

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