Adiós a las armas

La semana pasada, las Farc hicieron dejación del 30 % de sus armas. En ocho días, si todo marcha bien, deberá completarse el proceso de desarme. Sin duda, pese a los escépticos, se trata de un hecho histórico digno de celebración. La aceptación del monopolio de las armas en cabeza del Estado por grupos rebeldes sublevados llena de esperanza en un futuro donde la violencia política no reine y la arbitrariedad se sustituya por vía del derecho.

Se equivocan las Farc al no querer que haya fotos de las armas inutilizadas y almacenadas en los contenedores de la ONU. Dejar las armas no es señal de debilidad o derrota. Por el contrario, es prueba de su seriedad y su compromiso con la Constitución y su respeto por el pueblo colombiano. Por eso deben permitir imágenes que testimonien el cambio de época y hagan trizas ya no los acuerdos, sino la desconfianza de sectores todavía dominados por el mesianismo dogmático o empeñados en defender privilegios injustificables en un Estado social de derecho.

Los mismos voceros de las Farc lo han declarado con tono altisonante: ¡Nunca más empuñaremos las armas! Esa histórica promesa, en boca de la guerrilla más antigua del continente, hay que tomarla en serio. Es un error despreciarla o menospreciarla. No sólo un error político que irá en desmedro de los resultados electorales de los amigos de la solución bélica. También es un error histórico. La decisión de dejar atrás el conflicto armado interno no es un tema jurídico; es una necesidad material y un anhelo espiritual más poderoso que el odio y la venganza.

La oposición uribista tergiversa los hechos y es desleal con el orden constitucional. Es cierto que ganó el No en el plebiscito de refrendación popular de los acuerdos. Para efectos prácticos, tampoco importa la manera en que ganó el No. Pero el rechazo inicial es sólo media verdad. Luego del triunfo estrecho del No, vinieron las renegociaciones, con la participación de la oposición y algunos cambios. El Gobierno, temeroso de perder, no sometió de nuevo el acuerdo definitivo a refrendación popular, sino que optó por el camino del Congreso, la Corte Constitucional y la participación ciudadana por los cauces institucionales.

Llamar terroristas a los desmovilizados y desarmados de las Farc, así tengan motivos para odiarlos, es desleal con las instituciones. Esto porque las autoridades legítimas de la república les han reconocido la condición de opositores políticos, que deben responder penalmente por los delitos atroces cometidos, y no el estatus de terroristas. Desconocer la validez de los actos jurídicos que han avalado el acuerdo, cuando la propia oposición participa del proceso de implementación y ejerce el control constitucional sobre las decisiones que se adoptan, es emplear un doble estándar inaceptable.

Se equivocan algunos en el Centro Democrático al no reconocer la importancia política de la dejación de las armas. Eso es bueno para Colombia, sin condiciones. Más valdría una participación constructiva en la reglamentación de la justicia especial de paz que permita consolidar el tránsito al Estado de derecho, en lugar de la actitud de bloqueo y el deseo de fracaso para defender por las armas ventajas y privilegios. Bienvenidas las críticas y el debate democrático, incluso en el exterior, pero respetando los canales institucionales. Algo que por lo visto no sólo deben aprender las Farc.