Administrar el riesgo

Iba a escribir sobre la agenda legislativa que se reinicia el próximo lunes (si el pavor del coronavirus no llega al Congreso), pero la actual coyuntura económica, originada por la caída del precio del petróleo, la trepada del dólar y la caída del comercio por el pánico creado por el virus COVID-19, me hizo cambiar de tema.

Sin embargo, no puedo dejar pasar la ocasión para enviarles un mensaje a los partidos de gobierno, incluyendo a los nuevos refuerzos (Cambio Radical y la U), para solicitarles, en nombre de los colombianos, la urgencia de sacar adelante las dilatadas reformas a la justicia, política, pensional y rural, que tanta falta le están haciendo al país, a ver si encauzamos el rumbo de nuestra nación. Ya hay varias propuestas interesantes para debatir. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez ha planteado la necesidad de unificar en un solo organismo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de mejorar su eficiencia y evitar choques de trenes.

Entrando en materia del tema planteado, sin duda alguna, el Gobierno va a tener que reformular su política de administración del riesgo. Por una parte, la caída del precio del petróleo reduce los ingresos del Estado; por otra parte, la subida del dólar aumenta el costo de la deuda externa y de la producción interna; y, por ultimo, el recaudo de la Ley de Crecimiento Económico (reforma tributaria) no alcanza a compensar el hueco del déficit fiscal ocasionado por la pérdida de ingresos y el aumento de las obligaciones financieras. Como tenemos déficit comercial, las importaciones de 14 millones de toneladas de alimentos y materias primas van a golpear duro el costo de vida.

Ante esta grave coyuntura económica, no queda otra alternativa que seguir adelgazando el gasto público, ampliar la cobertura tributaria, diversificar las exportaciones, acelerar la política de fracking para fomentar la extracción de petróleo y gas, bajar las tasas de interés, concentrar los pocos recursos de inversión pública en el fomento a la producción agropecuaria e industrial y a la infraestructura vial, y, por supuesto, subvencionar en un porcentaje los costos de las coberturas de precio, cambiaria, tasa de interés y seguro agrario, para incentivar la producción nacional de alimentos y materias primas, y de paso sustituir importaciones y generar mayor empleo. Tenemos 40 millones de hectáreas aptas para agricultura, escuchando el cuento.

Si los ministros de Hacienda, Comercio, Transporte, Minas, Vivienda y Agricultura trabajan coordinadamente en estas líneas de acción, podremos amortiguar esta difícil coyuntura de incertidumbre económica y de salud pública que está afectando la economía y la salud mundial. La clave está en saber administrar el riesgo.

En el tintero. Ministro Ricardo Lozano, con todo el respeto que usted se merece, hay que replantear su estrategia de reforestación en el país. Según datos de su cartera, de una meta en el cuatrienio de plantar 163.636 hectáreas de arboles, sólo se ha sembrado el 18%, mientras que, en el mismo periodo, las actividades al margen de la ley han arrasado con 220.000 hectáreas de bosques. ¡Déjese ayudar!

* Experto en financiamiento agropecuario.