El 20 de abril, en Cali, la Fiscalía mandó arrestar a Sara Liliana Quiñones Valencia y Tulia María Valencia, lideresas del Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera. Según ese consejo, se habían desplazado para defender sus vidas, luego de recibir el tipo de amenazas responsables del asesinato de otros dirigentes de la misma organización, como Genaro García y José Jair Cortés. Personas víctimizadas por defender la autonomía de sus comunidades.
Me refiero a otro obstáculo al Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón. Su página 208 especifica el compromiso de las partes firmantes a “desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios… del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera”, entre otros pueblos étnicos.
Ese compromiso es indispensable para el logro de la paz en el Pacífico nariñense, la región más convulsionada del país. Sin embargo, no lo mencionó ninguno de los candidatos participantes en el debate del 11 de abril sobre el litoral Pacífico. Tan sólo Humberto de la Calle inició su intervención hablando de Temístocles Machado, el defensor de los derechos territoriales de la comunidad del barrio Isla Paz de Buenaventura, asesinado el pasado 27 de enero. Los demás expositores no se ocuparon de las 27 víctimas de comunidades negras que han caído en el último año. Al menos las propuestas educativas de Fajardo y Petro enfocaron los saberes ancestrales de afros e indígenas, pero hasta ahí el optimismo por el foro que auspiciaron Telepacífico y Caracol TV.
Sin duda, Vargas Lleras se mostró articulado en cuanto a la geografía de esa región. La recorrió como vicepresidente y ministro de Vivienda para inaugurar las obras de su campaña presidencial anticipada, la cual financió abusando de los impuestos que pagamos los colombianos. Esbozó la idea de conectar el río Mataje con la Orinoquia, la Amazonia y el Caribe, sin claridades sobre la defensa de esas selvas tropicales y de las comunidades indígenas y negras que la han salvaguardado. En consonancia con su pasado del coscorrón, de su programa se entrevé un enorme sistema carcelario para controlar cultivadores de coca y corruptos.
En adición al del artículo mencionado del Acuerdo de Paz, los cuatro candidatos guardaron silencio sobre la Sentencia T-622 mediante la cual la Corte Constitucional reconoció al río Atrato y sus afluentes como sujetos de derechos que garanticen su sostenibilidad y la de los pueblos étnicos que ha albergado. De esa manera busca contrarrestar los efectos perversos de la deforestación y la minería mecanizada del oro.
De esa sentencia dependió el nombramiento de 14 guardianes de la cuenca, a quienes aún les deben la reglamentación para que el acompañamiento internacional pactado se haga realidad. Los intimidan elenos y gaitanistas para quienes las territorialidades ancestrales obstaculizan sus negocios. Inconcebible que el Nobel de Paz también pase de agache ante la defensa de esas vidas.
*Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.