Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Agaches en el país de las maravillas

¿CUÁNTOS CONOCERÁN EL NOMBRE del cuadragésimo séptimo líder campesino asesinado en lo que va corrido del año, por involucrarse en acciones de recuperación de tierras robadas por los narco-paramilitares? Podría apostar que muy pocos.

Según contó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en su valiosa intervención en el Congreso el martes pasado, el Gobierno hizo el lunes un acto —concurrido y con presencia internacional— de devolución de tierras en Urabá, y esa misma noche Hernando Pérez, que así se llamaba el líder, fue abatido a tiros.

Ahora bien, Restrepo interpreta ese evento como un síntoma: los enemigos de la transformación agraria están “sacando sus garras”. Cierto. Pero aquel admite al menos otras dos lecturas, que vale la pena resaltar. La primera es simplemente que esta insolencia se le atraviesa, incluso en el plano puramente operacional, a cualquier intento de reforma. Piénsese en efecto cuánta alevosía, cuánto atrevimiento, exhiben estos terratenientes mafiosos, que se dan el lujo de acribillar al que genera algún conato de organización popular, aunque cuente con la anuencia de las autoridades centrales, y con alguna —espero que creciente— visibilidad internacional. Matan, matan en las barbas del Gobierno, con la petulante certidumbre de que no les pasará nada. Esto genera un problema clave de seguridad. Los actores que protagonizaron la expropiación en los últimos lustros siguen activos y dispuestos a mantener sus propiedades con la proverbial combinación de todas las formas de lucha. El programa de devolución del Gobierno quedará neutralizado si no se acompaña de un plan, con metas verificables, de protección a los líderes campesinos. Máxime cuando —según lo ha narrado Restrepo— su idea básica es hacer una suerte de catastro retrospectivo, que permita reconstruir la situación de la propiedad rural antes de la intervención de los agentes violentos. Esta ruta tiene puntos fuertes y débiles, pero independientemente de cómo se evalúe es obvio que implicará una constante interacción entre funcionarios del Estado y las víctimas. Si éstas carecen de voz, porque están matando a sus dirigentes, todo el programa está condenado a morir en su cuna.

La segunda es que esto sólo puede ocurrir porque está amparado en el silencio. Por eso es tan improbable que usted, amable lector, conozca el nombre del último sacrificado: es que de esto no se habla. El español colombiano tiene una expresión elocuente para este tipo de actitudes: “pasar de agache”. Los cuarenta y siete líderes campesinos —mal contados, estoy seguro— que han perdido la vida no han merecido ni una sola vez un titular de primera plana en los medios escritos, y sólo ocasionalmente referencias vagas y pasajeras en los medios electrónicos. De la misma manera que en Alicia en el país de las maravillas se podía celebrar un “no cumpleaños”, en Colombia la inmolación de líderes se ha de tratar como una suerte de “no tema”. Se habla, por ejemplo, de la literatura testimonial de la violencia, tanto de víctimas (secuestrados) como de victimarios (ex miembros de grupos armados o narcos). Pues bien: no hay un solo libro, ni una crónica, a duras penas una nota que no alcanza a ser necrológica, sobre la gente a la que están pelando por pedir que le devuelvan lo suyo.

Este mutismo pasmoso es condenable, por todo lo que condona pero también por todo lo que incentiva. Es hora de tomar acciones para superarlo.

 

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