Por: Nicolás Uribe Rueda

Agenda electoral

De hoy en cuatro meses se elegirá el nuevo Congreso de Colombia y en menos de veinte días el presidente Santos habrá hecho el anuncio por medio del cual oficializa su candidatura a la reelección.

Las restricciones propias de la ley de garantías están ya aplicándose y en consecuencia se prohíbe inaugurar obras, rifar subsidios, firmar contratos y hacer cambios en la nómina oficial. Los partidos políticos tienen un mes más para definir sus candidatos al Congreso y en breve seremos testigos de cómo las calles y emisoras se llenan de eslóganes y mensajes que prometen un futuro mejor para los colombianos. Formalmente hemos entrado hoy al período electoral que se extenderá por casi ocho meses, hasta el 21 de junio de 2014, fecha en la cual se realizará, si es necesaria, la segunda vuelta de la campaña presidencial.

La agenda electoral, sin embargo, va más allá de las actividades proselitistas y tiene mayor profundidad que los mensajes expresados en comunicados de prensa y 140 caracteres. El país requiere que sus líderes no sólo salgan a conseguir votos, sino que se detengan a pensar el rumbo que deberá tomar Colombia en temas que no deben escapar del próximo cuatrienio. Reducir el debate político electoral a las peleas ente uribistas y santistas, o entre quienes se acusan mutuamente de querer perpetuar la guerra o perseguir la impunidad, es francamente una simplificación imperdonable de un debate del cual se esperan salgan las propuestas que requiere Colombia para enmendar los entuertos que nos condenan a seguir siendo un país sin grandes oportunidades.

Hace un par de días, por ejemplo, el Informe Nacional de Competitividad resaltó que “a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, Colombia sigue sin presentar avances significativos en competitividad” y su situación “en vez de mejorar, ha venido retrocediendo con respecto a otros países de la región”. La justicia, ya nadie lo discute, requiere una reforma estructural que sobrepase la calentura subsiguiente a los escándalos, que logre no sólo acabar con la corrupción en la rama, sino también garantizar un servicio público esencial que, ya sabemos todos, por su ausencia incentiva la violencia. La corrupción no ha dado tregua y la captura del Estado por intereses particulares es una trágica constante. Para constatarlo basta revisar el cruel fenómeno del contrabando, en donde el Estado es prácticamente incapaz de actuar contra las mafias que corrompen autoridades y lastiman el sistema productivo.

Y no para la cosa. ¿Cómo vamos a avanzar en la implementación de una reforma a la salud que parece no dejar a nadie satisfecho? ¿Qué haremos en materia tributaria, en donde se promete una reforma estructural y culminamos aprobando modificaciones cosméticas que sólo sirven a la coyuntura? ¿Será que en estos próximos cuatro años abordaremos el problema pensional colombiano y podremos ser justos con los viejitos de hoy, pero también equitativos con las próximas generaciones? ¿Moriremos pobres con nuestras riquezas enterradas por cuenta de la incapacidad de construir condiciones para la explotación ambiental y socialmente sostenible de nuestros recursos naturales?

Esos son, entre tantos otros, algunos de los asuntos sobre los que deberíamos estar reflexionando. Aquí están pasando cosas y requerimos tomadores de decisiones que aborden las cuestiones esenciales. ¿Será que podremos saber cómo piensan y cómo se comportarán respecto de cada uno de estos temas importantes? Estas son las oportunidades que brinda la campaña.

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