Por: Eduardo Sarmiento

Agenda legislativa

La agenda económica del Congreso giró en torno a la reforma a la educación y la salud, la aprobación generalizada de los TLC y la reforma tributaria. El balance es pobre. La reforma de la Ley 30 de educación superior fue retirada por el Gobierno, y nunca se volvió a presentar.

La ley de la reforma a la salud se discutió durante toda la legislatura y finalmente se hundió. La Corte Constitucional declaró inexequible el tratado de la Alianza del Pacífico por errores de procedimiento y el TLC con Corea se rechazó en los trámites finales. Para completar, la reforma tributaria no correspondió a los anuncios oficiales de que quienes tienen más pagarían y los que tienen menos, pagarían menos. Repasemos brevemente lo que ocurrió en las cuatro áreas críticas.

La reforma a la Ley 30 de educación estaba orientada a resolver los faltantes de recursos y las deficiencias de calidad autorizando la creación de instituciones de lucro individual. La protesta de los estudiantes y de los profesores obligó al Gobierno a retirar la iniciativa. Sin embargo, nunca surgió una ley alternativa. Las instituciones educativas públicas no disponen de los recursos requeridos para elevar la baja cobertura universitaria y garantizar el derecho a la educación.

El sumo ha sido la reforma a la salud. Nunca se reconoció que el fracaso se originó en el sistema de subsidio a la demanda en una actividad que se caracteriza por la información asimétrica y la inelasticidad de la demanda. Los intermediarios quedan en condiciones de obtener grandes ganancias entregando servicios por debajo de las cotizaciones.

El proyecto oficial no fue más allá de cambiar el nombre de las EPS y de limitar aparentemente sus funciones y, por razones de sostenibilidad fiscal, nunca se avanzó en un sistema que garantizara a la universalidad del servicio ordenada en la Constitución. Tan sólo al final los protagonistas entendieron que era mejor hundir el proyecto oficial que refrendar las instituciones que causaron el caos.

Montados en la creencia de que el tamaño de los mercados determina el comercio internacional, el Congreso se comprometió en una carrera ciega de aprobación de los TLC. Fue necesario que aparecieran las cifras amargas del acuerdo con Estados Unidos en el primer año y medio para que se advirtiera que el TLC con Corea significaría el desmantelamiento de lo que queda de la industria. Por esta vía de las equivocaciones se entendió que el comercio internacional no es determinado por el acceso de los mercados, sino por la productividad y los costos del sistema económico.

La reforma tributaria se fundamentó en el criterio de eficiencia de grabar a los bienes y factores de demanda inelástica, como el trabajo y los bienes necesarios, y aumentar la competitividad bajando los impuestos a las empresas. De acuerdo con las cifras de recaudos del presente año, la baja de las tarifas a las personas jurídicas se compensó con la elevación de las tarifas a los grupos medios y la ampliación del impuesto del IVA que recae en mayor proporción en los sectores menos favorecidos. En contravía de los anuncios del Gobierno, los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más.

Desde el comienzo de la legislatura advertimos que la agenda de salud, educación, reforma tributaria y TLC estaba fundamentada en rezagos del libre mercado que no corresponden a la realidad y atentan contra la equidad. Así lo han venido a confirmar los hechos. Los accidentes de la agenda legislativa significaron la postergación del cumplimiento de los derechos fundamentales de salud y educación, la violación de la progresividad y la justicia tributaria y la proliferación de TLC que deprimen el salario y reducen las oportunidades de empleo de calidad.

 

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