Agenda legislativa en educación: financiación

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La caída de los ingresos corrientes de la nación impulsará reforma del SGP y, ojalá, de la Ley 715 de 2001.

Con la brusca caída de los ingresos corrientes de la nación (ICN) en 2020, el problema de la financiación de la educación se agudizará. ¿Cuál es el problema? Que ya la participación del sector en el SGP no alcanza, los costos salariales crecen más que los ICN y la estructura del gasto no ayuda a la calidad.

Se ha estado cogiendo plata prestada del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para cubrir el faltante del SGP: la deuda va en $2,8 billones (este año se necesitó casi un $1 billón). La situación no es sostenible.

Antes de la contracción económica por la pandemia, mi posición era discutir primero cómo gastar mejor (reforma de la Ley 715 de 2001) y luego acordar un mayor gasto (reforma de los artículos constitucionales 356 y 357). Ahora, discutir al tiempo las dos reformas.

Fecode logró que el Plan de Desarrollo (art. 188) recogiera lo que estaba en su pliego de solicitudes colectivo: una comisión de alto nivel para elaborar en seis meses “una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones”. Es decir, el foco en el monto, en gastar más.

La ley del Plan asignó el liderazgo de la comisión al Minhacienda y al DNP. Pasó el plazo y la propuesta no está en el radar del Congreso de la República. No hubo acuerdo y quedaron tres propuestas: del Minhacienda, del MEN y de Fecode, que muy pocos conocen.

En febrero del año entrante, el magisterio presentará su nuevo pliego bienal de solicitudes para negociaciones y acuerdo colectivo con el MEN. Esta vez, el efecto de 2020 en el monto del SGP, vía el “promedio móvil del crecimiento de los ingresos corrientes en los últimos cuatro años”, será un argumento fuerte.

Habrá agitación en las calles, los consabidos paros, y corremos el riesgo de no discutir la reforma de la Ley 715, que Fecode consiguió se archivara en 2018. ¿Por qué esta reforma es importante y debería interesar a la responsabilidad política de la coalición de gobierno? Por la eficiencia y los resultados del gasto. Las rigideces no están permitiendo atender bien las necesidades del servicio.

Con alto déficit fiscal, es muy difícil subir el monto del SGP con independencia de los ingresos corrientes de la nación, y también quitarles a otros sectores dentro de la bolsa del SGP. Educación tiene el 58,5%. Pero hay que encontrar una fórmula y además meter en la negociación el objetivo de calidad educativa, que no es solamente docentes mejor preparados y comprometidos con el aprendizaje estudiantil, y que cuesta (más que el 9% del gasto en educación).

Un factor clave son los tiempos legislativos. Se podría avanzar en 2021, y para eso ayudaría considerar la idea de Mauricio Cárdenas: “Aprobar desde ya reformas que entren en vigencia cuando se normalicen las condiciones económicas. Construir capacidad fiscal futura es la mejor manera de asegurar mayor espacio fiscal en el presente”.

@DanielMeraV

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