Por: Germán I. Andrade *

Agricultura y medio ambiente: hay campo para todos

Soy de los que piensan que el “fin de la ideología” es otra ideología. Pero paremos de hacerle daño al campo sobre la base de extremismos.

 En mis oídos de ecólogo rechinan tanto las posturas de Lafaurie cuando desaprueba los acuerdos de La Habana para dignificar la economía campesina, que tiene la vocación de servir el mercado nacional de alimentos, como las de Robledo cuando en un solo paquete desaprueba toda la agroindustria, que sirve al mercado futuro global de alimentos y biocombustibles. No tapemos el sol con la mano izquierda o derecha, el resultado es el mismo: algo más de oscuridad. La evidencia de artículos científicos certificados muestra que la gran huella ecológica espacial de este país no ha sido por cuenta de la minería, sino de la agricultura; solo se salvó durante un tiempo el cultivo del café con sombra. Como conocedor de la legislación ambiental, gran parte de la agricultura campesina de ladera no me parece un modelo de respeto al agua y la biodiversidad.

Los hot spots de deforestación, a diferencia del Brasil, son producto directo de una agricultura campesina en la frontera de ocupación y la ulterior acumulación de latifundios, insostenible desde todo punto de vista. Idealizamos a los campesinos y se aprueban medidas para abaratar los abonos y venenos, que sustentan la rentabilidad de su producción. Satanizamos a los grandes inversionistas y cerramos el camino para una posible revolución agroecológica. Por supuesto, la agricultura industrial no debe hacerse violando la ley, y en esto los jueces tendrán la última palabra. Pero no podemos caer en un legalismo selectivo. Una cosa es respetar la ley, y otra es hacer creer que el marco legal actual es adecuado o suficiente para el despegue del sector agrario.

La ley es un acuerdo social y hay que revisarlo, pues los retos de equidad social, producción y respeto ambiental no son los mismos que cuando se escribieron las leyes. La UAF en la altillanura no le sirve al negocio agrícola ni al medio ambiente, es un fósil legal que debemos llevar al museo. Conocí varios campesinos que en Santa Rosalía vendieron voluntariamente sus tierras ante el colapso de sus sistemas de producción. Nadie les había pagado por conservar el llano. Varios trabajos contratados por la agroindustria demuestran que al menos el 30% de la altillanura no debería ararse por precaución ambiental. Y esto es lo que ya venía aplicando Riopaila Castilla en Santa Rosalía. El primer fracasado en la altillanura es el Estado, con una política que ni siquiera resolvió el asunto legal de la tierra, menos el tema ambiental, que solo atisbó como limitante y no como soporte de los nuevos paisajes agroindustriales. La “transformación prudente de la altillanura”, eslogan que acuñé y que fue escogido como una de las 100 ideas para un nuevo país por la revista Semana, no es posible sin cambiar el marco legal, con una óptica de gestión de los servicios de los ecosistemas, vigente además para repensar todo el campo. El uso que se le da a la tierra hoy es ineficiente y riesgoso en lo ecológico, económico y social. La mayoría de la tierra del país la acaparan unos pocos criadores de vacas, mientras Colombia no es una potencia ganadera.

No son necesarias las posturas extremas cuando no estamos hablando de las mismas tierras y de los mismos mercados. No es un país que deba jugarle a un solo modo de producción. Hay campo para todos; a condición de “desideologizar” para politizar adecuadamente. Para ello lo ambiental podría ser oportunidad de conciliación social.

 

 

 

Germán I. Andrade*

 

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