Agro: entre espinas, un tímido capullo

En la grosera obstinación de la caverna por acaparar más y más tierras y privilegios, sorprende como una flor exótica el proyecto de catastro. Si recortado, dirá en todo caso qué tierras hay, de quién son, cuánto valen y cómo se usan. Y suministrará fundamento técnico a la legalización de predios sin título de propiedad, y al diseño de modelos de desarrollo rural. Decisión sustantiva que el notablato del campo contemplará ahora con ojos menos inflamados, porque presenta dos vacíos de fondo: primero, elude una justa derivación del impuesto predial sobre el real valor de la tierra; segundo, margina de la elaboración del catastro a la comunidad, fuente inestimable de información sobre historia legal de predios. La iniciativa convive, empero, con proyectos de entraña uribista que extreman la ancestral concentración de la propiedad agraria, legalizando el despojo que hizo su agosto en la guerra. Un proyecto de María Fernanda Cabal contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras bendice la “inocente” adquisición de millones de hectáreas arrancadas a sus dueños. Otro proyecto, incorporado al Plan, legaliza el asalto masivo de baldíos con destino original a pequeños campesinos.

Cerezas del pastel de inequidad en el tercer país con mayor concentración de la tierra, donde 68 % de la población campesina sufre pobreza aguda o miseria y sólo se explotan 7,6 de los 40 millones de hectáreas de tierra feraz. Arquetipo en el que, pese a la expansión de la agroindustria, el latifundista improductivo es rey, y paria, el campesino. Tierra sin hombres y hombres sin tierra, el modelo ha sido motor del conflicto. Pero los señores de la guerra se apertrechan de nuevo en lo “suyo”, contra la reforma rural que es eje del Acuerdo de Paz, y celebran la ausencia de partidas para restitución de tierras en el Plan de Desarrollo. Ya reorganizan ellos sus ejércitos antirrestitución.

La iniciativa de la senadora Cabal destruye el núcleo de la ley de restitución: la inversión de la carga de la prueba. No será ya el nuevo propietario quien deba demostrar que compró de buena fe, sino el dueño original quien deba demostrar que lo es y que fue despojado. Si de 6,5 millones de hectáreas usurpadas se han devuelto apenas 338.000, es de suponer que en este Gobierno caería la cifra dramáticamente. Y no sólo en virtud de aquel proyecto —si prospera—, sino de los ejércitos antirrestitución. Mercenarios enganchados por la élite más reaccionaria del campo para “exterminar” a todo el que reclame tierra o verdad, reaparecieron el 11 de abril contra una comisión del Ministerio de Agricultura para dejar cuatro policías agonizantes. Por su parte, la invasión de baldíos quedaría amparada por la figura de prescripción adquisitiva, que suplanta a la legal de adjudicación por el Estado. En 25 años se habrían entregado 376.000 hectáreas por prescripción. Insólito.

Aunque limitado, el catastro marcharía en dirección de la paz: empezaría por los 170 municipios más flagelados por la guerra, que podrían así planificar su desarrollo. Además, avanzaría información para el ordenamiento social de la propiedad y resolución de conflictos por la tierra. Si es que la caverna y sus ejércitos no frenan este cambio, sin el cual no habrá paz. Si no se serena Álvaro Uribe, cuyos arrebatos crecen conforme se desploma su prestigio. Si sus prosélitos no asumen la dignidad del cargo que representan. Como Myriam Martínez, alta funcionaria oficial que se postra de hinojos ante una deshonrosa solicitud de su “presidente” Uribe. Ya se ve: espinas como puñales tendrá que sortear el cogollito de catastro que está por nacer. Sean los demócratas la partera que le permita florecer.

Coda. En la atmósfera neofascista que se respira, quieren matar al brillante escritor y periodista Juan José Hoyos. ¿Qué dice el Gobierno?