Agro sí, pero no así

En los regímenes de agricultura subsidiada, que lo son casi todos en el mundo moderno, los esfuerzos del fisco se dirigen en teoría a incrementar la eficiencia general de la producción rural, contribuyendo a crear equilibrios artificiales imposibles de lograr en un mercado globalizado y muy heterogéneo. La mayoría de estos subsidios corresponde a políticas más o menos proteccionistas que se agitan en las negociaciones del comercio mundial y que cada gobierno justifica a su manera. Desde el punto de vista ambiental, a veces sirven para definir cuotas y niveles de calidad en la producción, algo impensable para Colombia donde el agro a duras penas es un sector formal y el desarrollo rural, una promesa retórica.

Es tal el punto de ingobernabilidad, que gremios como Fedepalma han tenido que salir a desautorizar cultivos ilícitos con dueños “misteriosos”, evidentemente establecidos por fuera de la frontera agropecuaria y producto de la deforestación mafiosa que devasta la Amazonia a vista de todos. Fedearroz ha sido más tímida en condenar la actividad de cultivos especulativos que también avanza sin querer queriendo en la Orinoquia por encima de humedales y sabanas silvestres. Y por supuesto Fedepapa no ha dicho ni pío acerca de la agricultura industrial en páramo, dejando que sean los pequeños productores los que hagan la bulla contra la delimitación. Otros gremios como Fedegán, donde se concentra gran parte de la capacidad de construir buenas prácticas productivas, o los cañicultores o productores de banano, exploran los temas ambientales con timidez, no sabemos si confiando en que el cambio climático se revierta solo. Incluso los cafeteros delegan la sostenibilidad y las buenas prácticas a los productores más arriesgados, mientras en Quindío se incrementa la producción de aguacate y salen fotos de las primeras cargas exportadas a costa de los servicios ecosistémicos, no en sinergia con ellos. Claro, a los inversionistas extranjeros que traen el capital para cultivarlo no les importa la flora, la fauna, el agua o la gente, sólo la renta.

En muchos casos son las plantas de acopio o procesadoras las que compran las cosechas ilícitas, mezclando el trabajo de quienes responsablemente aportan a la economía y el bienestar de todos con el de la agricultura mafiosa, que en nada se distingue de la producción de hoja de coca y debería ser tratada con el mismo rasero. Hay más cultivos ilegales de los que queremos reconocer.

El agro colombiano está obligado a hacer un acto excepcional y moderno de rechazo a las inversiones que, aprovechando capitales golondrina, destruyen los ecosistemas de los cuales depende su propia sostenibilidad. Y el Estado debe garantizar que el apoyo a la producción rural sea exclusivo para quienes certifiquen el buen manejo ambiental, del cual por otra parte depende su participación en los mercados mundiales certificados: esa es la transición productiva en la que la producción limpia y ecológicamente responsable es la norma, no la excepción.

Posdata. Un saludo y agradecimiento a Juan Lucas Restrepo por su exitosa gestión en cabeza de Agrosavia, le deseo lo mejor en la internacional de Bioversity.