Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Agua, Marta e Isabel

Racionamientos, falta de presión, pésima calidad. Desde comienzos del año los habitantes de Santa Marta tienen problemas con el suministro de agua. Algunos sectores ven empeorar una situación que ya era mala. Otros, de las clases medias, viven un súbito deterioro de su vida cotidiana. La ausencia de lluvias disminuyó los caudales de los ríos Piedras y Manzanares, que abastecen a la ciudad. Esto, combinado con la falta de previsión de los responsables de la prestación del servicio, terminó en la crisis de los últimos meses.

Pero, a todas estas, ¿quiénes son los responsables de tratar y distribuir agua en Santa Marta? Este dilema (¿es un compromiso público o privado?) es, por estos días, el tema preferido de debate. El alcalde de la ciudad, Carlos Caicedo, pidió el acompañamiento del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos en la finalización del contrato de arrendamiento de infraestructura para la operación del servicio de acueducto y alcantarillado que está a cargo de la empresa Metroagua. De acuerdo con Caicedo, “el Distrito durante varias administraciones locales ha efectuado grandes inversiones en la infraestructura de tales servicios sin obtener beneficios traducidos en utilidades y menos aún en la calidad, continuidad y eficiencia del servicio”.

Voceros de Metroagua, por su parte, se declararon sorprendidos por la “injusta” reacción de Caicedo. Diego García, del grupo Inassa, actuales operadores de la empresa, afirmó que la Alcaldía ha solicitado a Inassa 50 millones de pesos para la Fiesta del Mar. Así, ante el reclamo y las protestas en distintos barrios se responde que están financiando la mentada fiesta y reinado de los deportes náuticos y en ese sentido están apostando por el interés general (¿público?).

Volviendo a Inassa, el grupo propietario de un gran trozo de Metroagua, forma parte de la casa matriz Canal de Isabel II. Cuenta la historia institucional que el 18 de junio de 1851, la reina de España Isabel II promovió un proyecto para la construcción de un sistema de acueducto, que llevaría agua a todos sus súbditos. Hoy, el Canal es la empresa pública que provee el agua en casi la totalidad de la Comunidad de Madrid. Luego, técnicamente, Metroagua sí es una empresa pública. Pero pública en España. Una empresa, además, no es un ente sobrenatural, o con vida propia. Anclada en el norte de Colombia, Inassa tiene socios nacionales, inversionistas locales, redes políticas específicas, concejales, prioridades y flujos de información de aquí y allá.

Mientras este debate sobre las responsabilidades y características de la empresa tiene lugar, cada quien ensaya su frase solemne. El accionista de Inassa afirmó que “lo correcto es aunar esfuerzos para superar la crisis con un trabajo conjunto entre el operador y el ente territorial”. La empresa, entretanto, precisó que “la perforación de la tubería viola el artículo 256 del Código Penal, que trata de la defraudación de fluidos”. La directora de Planeación Nacional manifestó que este problema “no sólo preocupa a los samarios sino a todos los colombianos”. Frases ligeras para referirse al líquido pesado, difícil de transportar. Y, en lo más cotidiano y capilar, la búsqueda y el consumo de agua se convierte en una empresa enteramente privada, particular. Cada quien negocia lo suyo. Consigue su motobomba, su alberca, su filtro. Busca la plata para perforar un tubo, comprar un botellón. Cada cual hierve, vuelve a hervir.

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