Agua pasó por aquí

El Minambiente está por expedir una norma que puede tener efectos catastróficos para el sector eléctrico. Se refiere a la definición y restitución del caudal ambiental en diferentes cuencas en el país. El Ideam define el caudal ambiental como el mínimo que debe mantenerse en un río al construir una represa, captación o derivación, de forma que no se alteren las condiciones naturales y se garantice el desarrollo de una vida fluvial igual, o al menos parecida, a la que existía en el río antes de ser intervenido.

Dependiendo de como salga la norma final, la energía firme que producen las plantas hidro en el país podría verse reducida en hasta un 33 % y la energía generada por las mismas, en un 27 %, implicando un aumento de la generación térmica de hasta 310 % y un aumento de emisiones de gases efecto invernadero de hasta 195 %.

Esto sin contar que, para reemplazar la energía en firme y la generación, habría que instalar el equivalente a 4.500 MW adicionales de energía eólica u 11.700 MW equivalentes en energía solar, inversión que puede llegar a ser de US$5.000 millones o más, sin contar lo que habría que hacer en redes de transmisión nuevas. Todo, afectando finalmente la tarifa que pagamos los colombianos por la electricidad.

Para completar el panorama, la discusión se está dando en una coyuntura en donde con un exabrupto de proyecto de ley un puñado de senadores pretende destinar recursos del cargo por confiabilidad a resolver el problema de Electricaribe, generando aún más incertidumbre entre los agentes del sector.

Un impacto así no puede desestimarse por parte de la autoridad ambiental, y ha estado trabajando de la mano con las autoridades del sector energético para mitigar el impacto de la norma. La discusión requiere una visión integral y el trabajo interdisciplinario de las diferentes instancias gubernamentales.

Ahora bien, que hay que hacer algo con las cuencas, no cabe duda. El 14 de noviembre el Ideam presentó un avance de la actualización del Estudio Nacional del Agua, el cual vislumbra un panorama preocupante. 391 municipios son susceptibles de desabastecimiento, distribuidos en 24 departamentos, siendo particularmente vulnerables la costa Atlántica, Tolima y el Valle del Cauca; 3’200,000 personas viven en áreas susceptibles de inundación, y los glaciares se han reducido en los últimos 30 años en un 56 %.

Que en Colombia no se cuidan los ríos como se debería y que se han desarrollado sin ningún tipo de planeación ya se sabía de tiempo atrás. A eso hay que sumarle una presión por el uso del recurso cada vez mayor, particularmente en zonas andinas y en la costa Atlántica, donde habita el 80 % de la población del país, rodeada de un ecosistema altamente vulnerable a la actividad humana. Esto ha llevado a la expedición de normas por parte del Minambiente que buscan mitigar los daños ya hechos, además de tratar de recuperar las cuencas antes de que sea demasiado tarde.

Solamente con el concurso de toda la institucionalidad del Estado, ante un tema de crucial importancia, se podrá lograr diseñar una senda de sostenibilidad en el largo plazo. Pero no con normas aisladas y a costa de otros sectores que son de fundamental importancia no solamente para el bienestar de los colombianos, sino para aportar a la solución.