Por: Ana Cristina Restrepo Jiménez

Aguantar hambre (para no comer mal)

Aguantar hambre para no comer mal: a esa lógica estuvieron sometidos los niños más pobres de Medellín. Entre el 31 de marzo y el 2 de mayo, los alumnos de las instituciones educativas (IE) de la ciudad no accedieron a su derecho a recibir una ración del programa de alimentación escolar (PAE).

Pasaron el Día del niño sin refrigerio.

El secretario de Inclusión, Luis Bernardo Vélez, explicó que las demoras en el suministro obedecieron a procesos de adjudicación y contratación más transparentes, para “evitar lo que está pasando en el resto de Colombia”. Esos temores no son infundados: en 2016, las auditorías de la Contraloría delegada para el sector social detectaron que se perdieron $62.488 millones del PAE en 24 departamentos.

No obstante, ¿cuál es el raciocinio detrás de “depurar” procesos a costa del hambre de los niños más necesitados? ¿Qué pasa con el dinero durante los días en que se suspende una ejecución?

El problema supera las dificultades de gestión en contratación…

Manuel López, rector de la IE Eduardo Santos, dice: “Desde el 20 de abril una comunicación, firmada por los secretarios de Inclusión y de Educación, informaba que, a partir de la nueva ejecución del PAE, tendrían una disminución de 10% en los cupos”.

Por ejemplo, en sus dos sedes en la Comuna 13, la IE Eduardo Santos presentó una disminución de 141 cupos de los 1.432 con los cuales contaba. A esta IE asisten 1.833 alumnos, es decir, aun en “condiciones normales” centenares de estudiantes de bajos recursos ni siquiera son cobijados por el PAE.

¿Acaso olvidan que en Colombia existen niños cuya única ración de comida en el día es la que les sirven en la escuela?

Hoy, los rectores tienen el penoso deber de informarles a las familias que sus hijos no tendrán lonchera escolar (el Ministerio de Educación Nacional, MEN, determina los criterios de selección de quienes tienen prioridad). Y, sí, todo puede ser peor: según López, esta semana no se les permitió repartir la ración de los niños ausentes entre otros compañeros.

Esteban Gallego, director de Seguridad alimentaria de Medellín, asegura que en la ciudad se reparten 2,5 millones de raciones semanales. La actual “focalización” (reducción de cupos) se debe, entre otros factores, al recorte de $17.000 millones en aportes del MEN. Dicha cartera anunció que este año destinaría $600.000 millones para el PAE en toda Colombia.

¿Por qué la drástica reducción? ¿Cómo se están gestionando los procesos entre los gobiernos local y central? ¿Estas dilaciones en licitación, adjudicación y contratación son indicios de qué? ¿Desconocimiento? ¿Impericia? ¿Manejo indebido? ¿Dónde están los organismos de control?

Esta situación evoca la de las 16 bibliotecas públicas de la Alcaldía que cerraron en vacaciones, también por contratación.

Esta semana, el mismo secretario de Inclusión encabezó un operativo nocturno de rescate de adolescentes víctimas de explotación sexual y consumo de sustancias psicoactivas. Una apuesta inaplazable por los derechos de los niños.

Qué frágil es el discurso público en defensa de la infancia.

 

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