Por: Felipe Zuleta Lleras

Al oído de la H. Corte Suprema

UN RESPETABLE GRUPO DE CIUDAdanos de diversas organizaciones liderados por los doctores Gustavo Gallón e Iván Cepeda le han solicitado a la Honorable Corte Suprema de Justicia que rechace la terna para escoger al fiscal general.

Argumentan ellos que el señor Uribe tiene un interés particular en la designación, pues se le ha vinculado con delitos que deben ser investigados por el próximo fiscal por lo que se debió declarar impedido para mandar sus candidatos a la Corte.

Entre los delitos que mencionan los peticionarios están las declaraciones de los paramilitares que involucran al señor Uribe con la masacre del Aro cuando fue gobernador, con el tema de las “chuzadas”, con la compra de parlamentarios y, por supuesto, con sus vínculos con los congresistas elegidos con los votos de los paramilitares, incluyendo a su primo, Mario Uribe, quien debe estar muy preocupado con la decisión del Procurador General de pedir su condena.

A esto súmenle el escándalo de las notarías y los crímenes de lesa humanidad, llamados falsos positivos. Mejor dicho, más interés particular para nombrar un fiscal de bolsillo no puede haber.

No cuestionan los peticionarios el perfil de los ternados, lo que parece sensato pues no resulta serio cuestionar a los tres candidatos por el solo hecho de haber sido propuestos por el señor Uribe.

El tema es más grave: no queda la menor duda de que algunos agentes del Gobierno se han dedicado a delinquir de manera sistemática y mal podría un fiscal ternado por el señor Uribe ser independiente para investigar todos los delitos a los que se le vinculan en el escrito de estas organizaciones y a aquellos que han denunciado los medios de comunicación. Pero el asunto es aun peor por cuanto también están siendo investigados otros altos funcionarios del Gobierno que trabajan con el señor Uribe y otros que deberían estarlo, como el vicepresidente Santos, quien confesó que sabía de las ‘chuzadas’, pero omitió presentar las correspondientes denuncias, y quien se encuentra vinculado a un proceso penal.

Jamás podría el constituyente de 1991 haberse imaginado que en Colombia pudiéramos tener un presidente con prontuario, por lo que era impensable que quien ternara a los candidatos para la Fiscalía pudiera tener un interés particular en la designación específica de una persona que le ayude a salir del ámbito del Código Penal, aun cuando eso va a ser imposible. Ojalá la H. Corte Suprema de Justicia atienda esta petición, sentando así un precedente que le permita al país retornar, en algo, a la institucionalidad que el señor Uribe destrozó.

Notícula

1.– Curioso resulta que el mismo día que la justicia absolvió a los Araújo del delito de secuestro se haya citado a una nueva audiencia para juzgar al periodista Alfredo Molano. Qué peligroso resultaría que la justicia se politice y qué mal antecedente éste para la libertad de expresión.

2.– Reprochable desde todo punto de vista que se amenace de muerte a los hijos del señor Uribe.

 

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