Por: Elisabeth Ungar Bleier

Al rescate… de la democracia

EL EXITOSO OPERATIVO DE LAS Fuerzas Armadas que culminó con la liberación de once soldados, de Íngrid Betancourt y de tres ciudadanos norteamericanos produjo las más diversas y justificadas manifestaciones de alegría y entusiasmo en los colombianos. Todos, al unísono, abrazamos a los familiares de los liberados y esperamos que muy pronto podamos celebrar el regreso de quienes aún se encuentran en infame cautiverio.

Este hecho, sin duda, marcará la historia del país en los próximos años y será un referente obligado para muchas de las decisiones que deberán tomarse en los meses venideros. Sin embargo, su trascendencia no puede soslayar los graves problemas de institucionalidad que vivió el país apenas unos pocos días antes del rescate.

El enfrentamiento entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, cuyo último episodio fue la convocatoria de un referendo con el  propósito de legitimar unas elecciones que nadie ha puesto en duda, apelando al peligroso expediente de someter al constituyente primario decisiones judiciales; el fallo contra Yidis Medina y las investigaciones en curso contra altos funcionarios del Gobierno por este mismo caso, y las demandas que éstos interpusieron contra sus investigadores, son apenas algunas de las difíciles situaciones que el país deberá enfrentar en las próximas semanas.

Tampoco puede ignorarse que en el pasado reciente numerosos funcionarios públicos, candidatos y elegidos tuvieron vínculos con grupos al margen de la ley y que a través de la cooptación de diferentes instancias del Estado obtuvieron grandes beneficios electorales y económicos. Que ellos fueron los autores intelectuales o materiales de masacres, desplazamientos y otras violaciones a los derechos humanos. Que muchos de ellos actuaron con la aquiescencia de sus superiores o de los partidos o movimientos políticos a los cuales pertenecían. Y que otros, amparados bajo distintas denominaciones, siguen actuando. Evitar que estos hechos se repitan y sancionar política y judicialmente a los culpables, es un deber insoslayable.

El apasionamiento y la emoción del rescate no pueden convertirse en una carta blanca para desconocer los riesgos de una tercera reelección presidencial para el equilibrio de poderes entre las ramas del poder público. O para imponer la democracia plebiscitaria, a la que inevitablemente conducirían los referendos propuestos por el Presidente de la República y por los partidarios de su reelección, que contradice los valores de la democracia representativa sobre la cual descansa nuestro ordenamiento político. Y para hacerles creer a los ciudadanos que el único poder legítimo es el del Presidente, mientras que el Legislativo y la Rama Judicial carecen de legitimidad, lo cual aumenta su desconfianza y debilita la institucionalidad.

Ojalá que la inmensa popularidad e imagen positiva del presidente Álvaro Uribe, que alcanzó niveles históricos,  no sean utilizadas para imponerles a los colombianos unas decisiones que pueden resultar atractivas en el corto plazo, pero que tengamos que lamentar en el futuro. Por el contrario, podrían ser utilizadas para liderar un gran acuerdo nacional que permita afianzar el Estado Social de Derecho y que sea el comienzo de un compromiso por la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones.

 

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