Por: Arlene B. Tickner

Al rescate de la Universidad pública

La universidad pública, fuente de conocimiento de punta, de formación integral y crítica de las generaciones futuras, de igualdad, equidad y movilidad social, y de expresión del interés nacional, entendido en sentido incluyente y plural, está bajo asedio en buena parte del mundo, incluyendo Colombia. Según teóricos, como David Harvey y Wendy Brown, el auge del neoliberalismo en los años 90 introdujo nuevas prácticas político-económicas, en las que el papel del Estado cambió con miras a proteger la propiedad privada y el funcionamiento fluido de los mercados. En el caso de la educación superior, la racionalidad neoliberal conllevó a una transformación radical centrada en la introducción de criterios comerciales a la enseñanza y la investigación, y la mercantilización del conocimiento, cuya contracara fue el descrédito de aquellas actividades intelectuales carentes de promesa rentista. En consecuencia, la universidad se convirtió en pieza clave de la adaptación del capital humano a las exigencias del capitalismo global.

La crisis financiera mundial reforzó ese proceso al desincentivar la inversión pública en la educación superior y consolidar la visión consumista-rentista introducida por el modelo neoliberal. Como lo presagiara en 1967 uno de sus arquitectos, Ronald Reagan, el Estado “no tiene por qué subsidiar la curiosidad intelectual”. Para la muestra, entre el 2008 y el 2013, la financiación estatal en Estados Unidos para las principales universidades de investigación del país cayó en casi 30 %, mientras que en el mismo período aumentó la del sistema carcelario en más de 130 %.

Paradójicamente, y más allá de los argumentos ético-morales, los beneficios colectivos de la educación superior pública también son indiscutibles. Además de su correlación positiva con la igualdad, la calidad de la democracia y el bienestar social, incide en la prosperidad económica, la competitividad y la innovación, todos factores que determinan el poder potencial de un país en el mundo. No en vano, entre las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU, en cuya promoción y acogida internacional Colombia fue líder, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y asegurar acceso a todos los niveles para las poblaciones más vulnerables, son puntos centrales.

Pese a ello, entre los años 2000 y 2015 la inversión en educación se redujo en dos tercios de los miembros y socios de la OCDE. Si bien en el 2015, Colombia figuraba entre los primeros países en gasto total en educación, su apoyo a la terciaria era comparativamente menor, y el porcentaje de la población entre 25 y 34 años que poseía un título universitario era tan solo 28 %, cifra lejana del promedio de la OCDE de 44 %.

A diferencia de otros países, cuya financiación pública de la educación terciaria asciende a 67 %, en promedio, en Colombia era tan solo 36 %, siendo la desinversión estatal en las universidades una de las causas principales del aumento de las matrículas y el deterioro en aspectos como la infraestructura y la excelencia de la planta profesoral.

Colombia, país que busca salir de la guerra y que se enfrenta a un mundo globalizado, competitivo e incierto, requiere ciudadanos educados, y la universidad pública es pieza clave para garantizar dicha necesidad. Es hora de que el Estado renuncie al espejismo de que puede haber educación superior de excelente calidad sin invertir en ella.

 

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