Por: Juan Manuel Ospina

Al tablero, la implementación del Acuerdo de Paz

El informe sobre el cumplimiento por el Gobierno de Iván Duque de los acuerdos de La Habana, presentado por la comisión interpartidista de los partidos que no lo apoyan, presenta el escenario del vaso medio vacío, mientras que al escuchar a Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Legalidad, queda la impresión de que el vaso está es medio lleno. Por encima de verificar si lo acordado lo está cumpliendo el Estado, les interesa mostrar, con fines políticos, que quien incumple es solo el Gobierno actual y no el Estado.

Archila, por su parte, busca mostrar que su primera tarea ha sido organizar la casa y ponerle administración a la ejecución de lo acordado, empezando por la planeación de las acciones a realizar en las 16 zonas que comprenden los 170 municipios donde se concentrará la ejecución de los acuerdos y donde habitan 6,5 millones de compatriotas, que fueron seleccionadas por el anterior gobierno. El ámbito de ejecución de lo acordado no es el conjunto de la ruralidad nacional sino esos territorios seleccionados. Concluyeron las consultas con 200.000 habitantes de esos territorios, necesarias para la formulación de los planes de desarrollo territorial (PDET) conforme con lo establecido en los acuerdos; se trata de una estrategia de planear a partir del espacio veredal y local.

 El Gobierno elaboró o está elaborando la hoja de ruta para la ejecución de una tarea que es de mediano plazo. El delicado asunto de la sustitución de cultivos podría, según afirma el Gobierno, ejemplificar la situación, pues si bien 100.000 familias se acogieron a la propuesta de la sustitución voluntaria, esta se inició sin la planeación y la coordinación que le garantizara la continuidad y la sostenibilidad financiera e institucional que requiere. Se concentraron en un ejercicio de gerencia pública sin la cual sería difícil por no decir imposible llegar a alguna parte y que buena falta estaba (¿está?) haciendo.

Los compatriotas a los cuales estas cuestiones interesan, que son menos de los esperados dada la importancia del tema, se enfrentan al escenario de un Gobierno gravemente incomunicado de la opinión que hace que poco se sepa lo que hace o pretende hacer. El Gobierno pretende bajarles el tono y las pretensiones al alcance y sentido de los acuerdos. Su propósito es más modesto, por no decir realista, pues no se trataría de cambiar el mundo rural sino de garantizarles a los territorios seleccionados y a sus pobladores, especialmente a las víctimas y a la guerrillerada, una atención que les permita superar las condiciones concretas de violencia que allí se vivieron para evitar su repetición.

Más que transformar se trata de estabilizar la situación en esas zonas específicas al incorporarles los elementos de equilibrio (¿social, económico, institucional…?) cuya ausencia o pérdida llevó a situaciones de conflicto y violencia y a su control por la ilegalidad. Ese sería el principal aporte duquista a la comprensión de la realidad del país, que ve atravesada por una ilegalidad multiforme desequilibradora de la vida y la dinámica social, económica y política de la nación y en especial de sus regiones críticas. Paz con legalidad o mejor la paz como producto de la vigencia de la legalidad es el propósito central de Duque, pero como decíamos, aunque puede ser un propósito válido es completamente abstracto e incomprensible por los ciudadanos, con un enorme costo político que paga el Gobierno y aprovecha la oposición.

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