Por: Nicolás Uribe Rueda

Alcaldesa (e), prohíba el celular

UNA DE LAS DEMOSTRACIONES DE la falta de gobernabilidad en materia de seguridad se presenta cuando las autoridades ante determinado fenómeno delictivo recurren a la prohibición y a la limitación de la libertad como consecuencia de su incapacidad para contener los fenómenos violentos.

Proponen medidas absurdas para buscar resolver problemas complejos, en donde el único impacto que se genera es el de hacer creer a la gente que se actúa contra determinado fenómeno, cuando en realidad se está evadiendo el cumplimiento del deber. Ejemplos hay bastantes: la prohibición del parrillero en las motos para controlar el sicariato, el toque de queda para los jóvenes a falta de alternativas para motivar su desarrollo, o la prohibición para el porte legal de armas como consecuencia de los delitos cometidos con armas ilegales. Alguna vez propusieron también repartir la plata de la quincena entre varios bolsillos del pantalón para salvar parte del sueldito frente a la inevitabilidad del robo. La última de estas “estrategias” la padecen los bogotanos desde el pasado jueves, cuando la alcaldesa (e) de la ciudad, expidió un decreto mediante el cual se prohíbe la venta de licor en algunos establecimientos de comercio. Sin duda una medida no sólo restrictiva de la libertad sino carente de sentido práctico, clasista y gravosa para los ciudadanos.

Es absurda porque no hay manera de ponerla en práctica. La administración de Bogotá debería explicar cómo va a vigilar que más de 80.000 tenderos, muchos de ellos informales, no vendan alcohol en determinados horarios cuando ni siquiera es capaz de garantizar que en 200 metros a la redonda de universidades no se consuma trago como lo prohíbe el Código de Policía distrital. Para ver las propias limitaciones, basta caminar por la ciudad y comprobar que con frecuencia hay más bares que papelerías en las inmediaciones de las universidades y que ello supera con creces las posibilidades de las autoridades. La medida además es clasista, porque va orientada directamente a los lugares en donde beben y se divierten los estratos populares. Galleras, billares, tiendas en conjuntos residenciales y tejos, entre otros. Al gobierno de Bogotá le preocupa el borracho pobre, al que estigmatiza como delincuente peligroso, mientras que nada dice de quien toma en un bar, en discoteca o en su casa. El decreto es tan inútil que no establece recursos adicionales para la Policía o para las alcaldías locales, no promueve campañas pedagógicas, no impulsa estrategias de recuperación de armas ilegales y tampoco busca proteger los niños.

En los últimos días en la ciudad mataron niñas indefensas, explotaron petardos, y todos vemos y sentimos cómo aumenta el robo, el fleteo y la extorsión. Pero para la Alcaldía de Bogotá el problema de la inseguridad está en la venta de licor. Si ésta es la política de seguridad que nos merecemos los bogotanos, propongo entonces que se prohíba el uso del celular en el espacio público, pues así seguramente bajarán las lesiones y las muertes que están causando los agresivos delincuentes que se dedican a este tipo de negocio.

Como ven, no podemos estar peor.

Twitter: @NicolasUribe

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