Por: Eduardo Sarmiento

Alcance del Plan de Desarrollo

No sobra recordar que el mayor progreso de la economía colombiana se alcanzó en el período 1967 y 1991, cuando se le dio todo el impulso a la planeación. El Plan de Desarrollo presentado por el Gobierno ha generado reacción en dos aspectos. Uno es el traslado del presupuesto de inversión al Ministerio de Hacienda y el otro el otorgamiento de facultades especiales para reformar el Estado.

Es bueno aclarar que la función de Planeación no está tanto en las normas como en la actitud de los presidentes. El presidente Lleras Restrepo tenía una gran confianza en la planificación y la empleó a todo vapor durante su administración para alejarse de los intereses políticos e incluso de los organismos internacionales. A mediados de su mandato avanzó en un acto legislativo que le daba la iniciativa del gasto al Gobierno y le señalaba amplias funciones a Planeación Nacional para elaborar el presupuesto de inversión. La idea fue fortalecida en la Constitución de 1991, que extendió la iniciativa gubernamental a los impuestos.

En este contexto, la preparación y la financiación del presupuesto quedaron en manos del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. El debilitamiento de la autonomía fiscal data de la adopción del modelo neoliberal, que le da prioridad al mercado. En la práctica, la confección de los presupuestos recayó cada vez más en el Ministerio de Hacienda, que tiene mayor jerarquía y muchas veces recomienda al jefe de Planeación. Por lo demás, dentro del carrusel de nombramientos los funcionarios pasan de una dependencia a otra. Por eso, en la práctica, el presupuesto de inversión quedó como un saludo a la bandera cada vez más dominado por el Ministerio de Hacienda.

El ministro Carrasquilla no ha hecho más que afianzar la tendencia que viene de atrás y darle el golpe de gracia. No pretende un mayor poder burocrático, sino un mayor de poder negociación con el Congreso. En la reforma tributaria no disimuló su inclinación a entregar la iniciativa presupuestal al Congreso. No solo aceptó que el Congreso rechazara su iniciativa del IVA, sino que permitió y entregó avales para que los parlamentarios decidieran sobre los nuevos gravámenes. Por lo demás, en la ley de reforma política destinó el 18 % del presupuesto para que los congresistas realicen proyectos en sus regiones, rememorando las épocas de los auxilios parlamentarios.

Ahora pretende ir más lejos. Como bien lo señala el Plan de Desarrollo, la administración está comprometida en una monumental reforma del Estado que solo puede prosperar con una negociación que les signifique a los parlamentarios una mayor iniciativa presupuestal. En términos concretos, significa más injerencia del Congreso en los recursos presupuestales y menores exigencias técnicas.

En el fondo, Carrasquilla está comprometido con cambiar el control presupuestal adoptado por Carlos Lleras y la Constitución, sin reparar en su verdadero alcance. El presupuesto y los impuestos se verán más influidos por los intereses personales y llegarán en menor proporción a los sectores que más los necesitan. La planeación, que en el pasado demostró ser un mecanismo efectivo de progreso y modernidad, continuará en declive.

El Gobierno está planteando reformas y negociaciones que van mucho más allá de la planeación indicativa que aparece en las normas constitucionales. Lo que se necesita es un documento de análisis de diagnóstico, de objetivos que se puedan cumplir y evaluar durante la administración, y de los medios concretos para alcanzarlos. Así las cosas, es posible avanzar en estrategias para recuperar el crecimiento económico, reducir las enormes desigualdades de la sociedad colombiana y revertir la brecha creciente de salarios con los países desarrollados.

840085

2019-02-15T22:28:24-05:00

column

2019-02-18T14:28:45-05:00

[email protected]

none

Alcance del Plan de Desarrollo

30

3898

3928

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Eduardo Sarmiento

Resultados del primer semestre

Los quebrantos de la economía

Presupuesto 2020

Lo mismo de hace cinco años

Regulación de la droga