Alerta en la Hilea Magdalenense (I)

En 1948 circuló el último vapor de las compañías navieras del río Magdalena.

 Fue también el comienzo de la permanente reducción de su caudal, generada por la implacable ecuación deforestación igual a mayor sedimentación. Así fueron desapareciendo los botes o falúas, bongos o champanes, canoas o piraguas, balsas, que a fuerzas de canalete, ganchos y varas eran utilizados para la penosa travesía; mientras que el asfalto combinado con el acpm definían el nuevo modelo de transporte que dominará la segunda mitad del siglo XX. La Hilea, bosque tropical, acelera su degradación y olvido, que vendrá a ser recordado cuando la Constitución del 91 define la creación de Cormagdalena. Nace una entidad supuestamente encargada del equilibrio ecosistémico de la cuenca del río Cauca y el Magdalena, que gastó sumas enormes en estudios, mantenimiento y clientelismo, preparando su navegabilidad privatizada, lo cual fue inicialmente intentado por el ministro Londoño con su proyecto de Acto legislativo 02 de 2003.

Dejemos que hable Enrique Pérez Arbeláez, en publicación de la Contraloría de 1949, con sus acertadas premoniciones, aunque racistas, sobre el futuro del río: “Abandonado el río Magdalena a las razas de menor iniciativa y más escasa generosidad, luchando los más faltos en información y en ambiciones contra las gigantescas dificultades y los fantasmas de la vida selvática. Si la historia del río como vía es todo movimiento, la del Magdalena como zona cultural es casi de una estática adormecida por las chicharras, pero es el objetivo de las compañías anónimas, esfinges sin alma, que buscan dividendos y cosechan odiosidades”.

Hoy de esos excluidos habitantes quedan pocos, la mayoría fueron desplazados en la primera y segunda violencia y el paramilitarismo, artífice de la tercera, se encargó de terminar el trabajo sucio. Un mapa nacional del desplazamiento forzado nos muestra que la fértil y estratégica cuenca no sólo concentra el 80% del PIB y de la población, el 75% de la producción agropecuaria, sino la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Y lo peor es que con el anuncio de su futura navegabilidad las víctimas del desplazamiento y despojo tienden a aumentar. No por casualidad se instaló en su parte media el primer Programa de Desarrollo y Paz, ya que debería ser, sin lugar a dudas, una de las zonas de mayor restitución de tierras, retornos, reubicaciones y reparación de las víctimas, con un modelo de desarrollo en función de la construcción de paz.

El proyecto de $2,2 billones, aprobado por el Gobierno Nacional, habla de una autopista fluvial privatizada que permitirá transportar 500 millones de toneladas de carga (minero-energética). Si el flete terrestre de Bogotá a Barranquilla vale hoy casi 2 veces más que el marítimo entre Barranquilla y Japón, podemos deducir que reducir esos costos pasa a ser un factor de competitividad en la exportación de materias primas, que es a lo que nos someten los TLC. Bueno, porque se reducen las emisiones por combustibles, pero, ¿qué sucederá con los costos en vidas y despojos que se repartieron como botín de guerra y los que seguramente se generarán, dada la irresponsable manía sistémica de apostar a la acumulación ilimitada, elevando producción y beneficios sin tomar las medidas necesarias para impedir o minimizar los irreversibles impactos ambientales? Un canal central navegable implica estancar artificialmente brazos del río, como sucedió con el de Mompox, aislando poblaciones y cerrando circuitos naturales de riego, un manejo hídrico imprevisible cuando llega ‘La Niña’, cobro del agua vía las CAR a todo municipio de la cuenca que aumente su consumo o instale sistemas de riego, contaminación mayor de sus aguas con barcazas descontroladas, menor pesca con puertos y peajes privatizados para las piraguas, falúas y champanes.

¿Acaso serán informadas y consultadas las comunidades ribereñas y las víctimas de las afectaciones y conflictos que se avecinan, serán construidas con su participación las propuestas de manejo y control social, serán sometidas a consulta previa las obras en territorios indígenas de un río sagrado? ¿Qué significará “amigable para el medio ambiente” para la ministra de Transporte?