Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Alertas tardías

Entre 2005 y 2006 se desmovilizaron en Córdoba y Antioquia el Bloque Minero y el Frente Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar. Cerca de 3.200 hombres y mujeres dejaron las armas en cumplimiento de los acuerdos firmados entre Gobierno y Auc en Santa Fe de Ralito. Sin embargo, la lógica criminal no cambió en la región, se movieron algunos liderazgos ilegales, mudaron algunos nombres, se agregaron o se borraron letras a los brazaletes. Los desplazamientos forzados luego de la desmovilización muestran que las amenazas contra los civiles nunca cesaron.

Según la Unidad de Víctimas, entre 2004 y 2006 más de 13.000 personas fueron desplazadas en los seis municipios del Bajo Cauca Antioqueño. La consolidación de los herederos de los paras hizo que entre 2008 y 2011 la cifra de desplazados llegara a 29.000 personas. Para no hablar solo de Antioquia, vale mencionar lo que pasó en esa misma época en un municipio como Tierralta, que acaba de entregar una pavorosa escena de violencia. En 2010 se reseñaba la existencia de un barrio llamado La Invasión, donde se habían asentado cerca de 3.000 familias conformadas por desplazados y desmovilizados. Los habitantes de los municipios de esa zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba han vivido en una especie de gira obligada que los lleva de las veredas a los cascos urbanos, de un municipio a otro, o de los pueblos a las capitales de los departamentos.

Durante el último año y medio el ciclo se ha repetido con renovada intensidad. Medellín ha sido refugio de una buena parte de las familias expulsadas. Entre enero y noviembre del año pasado, la Alcaldía atendió a 5.200 personas llegadas desde municipios del Bajo Cauca. Entre enero y marzo de este año, ya habían aterrizado en la ciudad 1.500 personas para buscar una pieza donde sus familiares, un refugio oficial o unos metros en las laderas. Pero Medellín al menos tiene posibilidades de atender a los recién llegados. Quienes llegan a Caucasia, centro económico de la región, tienen menos suerte. Las palabras del alcalde Óscar Aníbal Suárez pidiendo auxilio al gobierno departamental y central describen bien la situación: “Tengo en este momento 20.000 personas desplazadas registradas en el censo. Caucasia es el municipio receptor del desplazamiento de las comunidades vecinas. Tengo un sector de invasión donde hay más de 15.000 personas viviendo”. Más del 25 % del total de desplazados en el país el año pasado salieron de los 11 municipios que comparten sus límites entre el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

Mientas tanto, confiar en la autoridades se ha vuelto cada vez más difícil. El Gobierno Nacional no cumple los compromisos para la sustitución de cultivos y a cambio promete fumigaciones como las que llevaron al paro de más de 4.500 campesinos en 2008. La Alerta Temprana de la Defensoría para el sur de Córdoba del 25 de noviembre del año pasado solo produjo noticias menores. El enredo militar es mayúsculo: el nuevo Frente 18 de las disidencias de las Farc se alió con los Caparrapos para golpear al Clan del Golfo. La ofensiva logró afectar a la gente de Otoniel, quien decidió enviar “fuerzas especiales” desde Urabá. Pero el Ejército no parece preocupado. Antes de la desmovilización de las Farc operaban en la zona la Brigada 11, las brigadas Móviles 16 y 24 y la Fuerza Contundente de Acción Decisiva (Fucad). Ahora solo hace presencia la Brigada 11. Por parte de la Policía la noticia es que hace un mes fue capturado el excomandante en Caucasia y el jefe del modelo de cuadrantes en Antioquia por concierto para delinquir. Pero el Gobierno sigue pensando que la fórmula mágica caerá del cielo.

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2019-06-26T00:00:54-05:00

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