Por: Andreas Forer

"Algo está podrido en el Estado de …"

¿Cuál sería el Estado al que se refiere Shakespeare en el Hamlet? Seguramente, no es el que tengo yo en mente.

La semana pasada este diario publicó un artículo en el que se hacía referencia al llamado hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ante la inminente prescripción de los asesinatos de varios periodistas colombianos en el ejercicio de su profesión entre los que destaca el caso de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, periodista y fotógrafo, respectivamente, ambos del diario El Espectador, y quienes fueron asesinados el 24 de abril de 1991, mientras hacían reportería sobre la masacre de Segovia en el departamento de Antioquia. En su comunicación, la SIP demandaba de parte del Estado colombiano la adopción de medidas que eviten que el homicidio de estos dos comunicadores en el ejercicio de su profesión quede en la impunidad, refiriéndose específicamente a la posibilidad de que estos asesinatos fueran declarados como crímenes de lesa humanidad y por tanto, imprescriptibles.


En su argumentación, la SIP recurrió en primer lugar, a la decisión por medio de la cual en 2010 la Fiscalía General de la Nación, dio la categoría de crimen de lesa humanidad al asesinato del también periodista y en ese entonces director de El Espectador, Guillermo Cano, en 1986. Y en segundo lugar, al análisis de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el que se considera que dichos asesinatos, forman parte de las acciones sistemáticas y generalizadas contra el periódico en cuestión.


Si bien es cierto, la categorización de esos crímenes como de lesa humanidad es un tema importante que la Fiscalía tendrá que establecer, creo que este caso es el pretexto para reflexionar en torno a los peligros que representa el ejercer el periodismo en Colombia y el nivel de impunidad que  ha prevalecido en estos casos.


Es indignante que después de veinte años todavía no haya resultados y ni siquiera avances significativos en la investigación de los responsables de los hechos mencionados. Este es un ejemplo de las falencias de la justicia colombiana en materia de lucha contra la impunidad que, tratándose de periodistas, genera una preocupación adicional, pues involucra uno de los principios más caros en la construcción del Estado de Derecho: la libertad de expresión.


Si bien es cierto, no es deseable establecer formas de discriminación o jerarquización entre tipos de crímenes y de víctimas, sí es oportuno llamar la atención sobre el hecho que hay conductas que revisten una gravedad especial y tienen relevancia particular en el escenario internacional, fundamentalmente porque tienen que ver con el ejercicio de profesiones estrechamente vinculadas a la vigencia de una democracia. Es el caso de grupos históricamente vulnerables en Colombia como los defensores de derechos humanos, los sindicalistas y los periodistas, entre otros.


Llevando al extremo el argumento, habría que decir que es tan despreciable el homicidio de un colombiano  en medio de una riña callejera o de un asalto, como el asesinato de un sindicalista que muere por defender los derechos de los trabajadores o de un periodista a quien le arrebatan la vida mientras cumple su deber de informar a la sociedad o enarbolar la bandera de la verdad; pero, estos últimos hechos, a diferencia del primero, comprometen en demasía la vigencia de un Estado que se cimienta en la defensa de los derechos humanos. 


Datos de la FLIP evidencian que el riesgo que corren los periodistas en Colombia no es eventual ni deben dejar de causar estupor y rechazo, y según se mencionó, trae una consecuencia adicional: con la amenaza sobre sus vidas no solo se ataca la integridad de una persona, sino la existencia de un derecho fundamental y con él, la legitimidad de un Estado que existe para protegerlo.  De allí que se justifique el llamado de la SIP y de la FLIP y de los demás colombianos que se sumen al clamor de justicia en estos casos.


El riesgo en que se encuentran los periodistas y el tratamiento que reciben los casos en los cuales se ven amenazados o vulnerados en sus derechos, resultó en que Colombia otra vez apareciera en la lista negra del CIDH en su informe más reciente. Pero esta no es la única lista en la que Colombia figura muy mal. Existen numerosos rankings para establecer una comparación entre los Estados del mundo en temas de paz y derechos humanos. Por ejemplo, existe el índice global de paz (“Global Peace Index”) o el índice sobre los Estados fallidos; en éste, Colombia ha ascendido considerablemente durante los últimos años – un hecho muy positivo - . Otro índice es el publicado por la organización “Reporteros sin fronteras” (http://www.rsf-es.org/), el cual evalúa el estado de la libertad de prensa y el manejo de los medios de comunicación por parte de las autoridades en 178 países del mundo. El resultado en el caso de Colombia sorprende: El país está compartiendo el puesto 145 con Nigeria y se encuentra situado pocas plazas arriba de Afganistán. Mientras países como Rusia y Venezuela (puesto 133) salen un poco mejor librados, son países como Costa de Marfil y Zimbabwe los que demuestran condiciones mucho mejores que Colombia.


El mal rendimiento de Colombia seguramente tiene que ver con eventos como los citados arriba y con el hecho que sucesos así, continúen ventilándose en instancias internacionales. Es así como el próximo caso colombiano que se discutirá ante de la Corte Interamericana tratará de la prensa ("El Caso 12.658, Luís Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo”, que se envió a la Corte IDH el 2 de marzo de 2011 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo). Estos eventos no reflejan un aspecto positivo del Estado, que debería tomar medidas que le permitan salir de una vergonzosa situación a nivel internacional, de suerte que en los próximos rankings alcance por lo menos, un puesto entre los primeros 100 países, no por el mero hecho de competir, sino porque eso reflejaría un verdadero compromiso con el respeto por los periodistas, por la libertad, por los derechos humanos. Por cierto, Hamlet se refiere a un Estado que ocupa el lugar 12 en el índice.

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