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El pasado viernes 16 de abril fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien es tal vez el hombre que más sabe sobre la economía paramilitar y los financiadores del paramilitarismo. A Lucas se le recuerda porque su captura más importante ocurrió el 30 de abril de 1998, durante el famoso allanamiento al Parqueadero Padilla en Medellín, el golpe más duro que recibió la organización ilegal comandada entonces por la casa Castaño.
El allanamiento fue dirigido por quien entonces estaba al frente del CTI en la ciudad, Gregorio Oviedo, y fue tan importante —y peligroso— lo que se descubrió en el Parqueadero Padilla, que Oviedo aún recuerda las palabras de Sergio Parra, otro investigador del CTI que adelantaba sólidas investigaciones contra el paramilitarismo y que lo acompañó en el operativo: estando en el segundo piso del parqueadero y contemplando el hallazgo, Parra miró a Oviedo mientras llevaba su dedo índice al cuello y le dijo: “Gregorio, usted y yo, vea”, después deslizó su dedo por la garganta trazando una raya horizontal, haciendo ese gesto universal que significa la muerte. Cuarenta días después, Parra fue asesinado; Oviedo sobrevivió pero gracias al exilio y la discreción que logró mantener, su vida aún corre peligro.
De Parqueadero Padilla se ha dicho bastante, que es la “caja de pandora del paramilitarismo”, que “de haberse investigado se hubiera evitado la expansión militar”, que “el proceso se dilató y se perdió en la Fiscalía”; todo es verdad. Pero hay un par de cosas que, aunque se conocen, no se ponen en contexto.
La primera no es tan obvia: el Parqueadero Padilla no solo era el centro de operaciones contables del paramilitarismo, de allí también se llevaban las cuentas de las empresas fachadas de organización narcotraficante conocida como la Oficina de Envigado, brazo mafioso de los paramilitares cuya banda de operaciones sicariales era La Terraza. Con la captura de alias Lucas en 1998 y a partir de sus declaraciones, un grupo de fiscales allanó 60 empresas fachada (43 en Antioquia y 17 en Córdoba) y en estos operativos se encontraron unas 40.000 transacciones comerciales, algunas con nombre propio, que podían dar cuenta de quiénes estaban detrás del financiamiento paramilitar. No obstante, en el momento no se abrió una investigación formal y los soportes hallados empezaron a dormir en algún anaquel de la Fiscalía.
Cinco meses después de su captura, alias Lucas, entonces jefe financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupo paramilitar liderado por Carlos y Vicente Castaño, se fugó de la cárcel de Bellavista de Medellín con una boleta de libertad firmada el fiscal Jhonny López Patiño, como mencionó el portal Rutas del conflicto, fiscal que el 29 de enero de 2004 fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia.
En resumen, a Lucas lo dejaron fugarse y con él se fue mucha de la verdad sobre el avance paramilitar y las finanzas criminales; al mismo tiempo, comenzó a andar el plan para desmantelar y sepultar el proceso del Parqueadero Padilla.
Lo segundo que debe ponerse en contexto es que quien empezó a matar el proceso fue el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, quien ya era cuestionado porque le tocó investigar parte del proceso 8.000 (la financiación de la campaña del expresidente Samper) y algunos lo tildan de haber enterrado ese proceso. Pues algo similar ocurrió con el proceso Parqueadero Padilla. Gómez Méndez ordenó el traslado de competencia a Bogotá mediante la resolución de Dirección Nacional de Fiscalías No. 057 del 8 de septiembre de 1998.
Es decir, la cantidad de folios, disquetes y demás evidencia sustancial hallada en el Parqueadero Padilla fue trasladada a la capital y, según fuentes que hicieron parte del allanamiento y del CTI de entonces, lo extraño es que alguien dispuso que ese traslado se hiciera vía terrestre y en el camino el vehículo habría sido asaltado.
Otro detalle no menor es la elección de Alfonso Gómez Méndez como fiscal general de la Nación en 1997, si bien la terna la presentó el expresidente Samper y estaba integrada por los abogados Saturia Esguerra, Manuel Santiago Urueta y Alfonso Gómez Méndez, y la elección correspondió a la Corte Suprema de Justicia, cada candidato tenía su propio propagandista. Según varias fuentes del Senado de 1997, detrás de la campaña del abogado Urueta estaba el expresidente Turbay, pero en los pasillos del Congreso también era conocido el hombre detrás de la campaña de Gómez Méndez: el entonces senador Mario Uribe Escobar, hoy condenado por sus vínculos con el paramilitarismo.
Las cosas que deben ponerse en contexto a raíz de la recaptura de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, son más, pero el espacio en esta columna ya está excedido. Esperen la segunda entrega.