Algo más sobre Parqueadero Padilla (II)

Como lo mencioné en la anterior columna, del operativo que se adelantó el 30 de abril de 1998, el allanamiento al parqueadero Padilla, el golpe más duro que recibió el paramilitarismo en pleno proceso de consolidación nacional, hay muchas cosas que se conocen pero no se ponen en contexto. Como los propagandistas de la elección de Alfonso Gómez Méndez para fiscal general de la nación en 1997 (primer fiscal enterrador del proceso parqueadero Padilla) y que dicho establecimiento no solo era el centro contable de los paramilitares, también de las empresas fachadas de la Oficina de Envigado, el brazo mafioso de esta estructura paramilitar cuya banda de operaciones sicariales era La Terraza.

(Oprima aquí para leer la primera parte de Algo más sobre Parqueadero Padilla)

Pues bien, acá otro asunto para poner en contexto: antes y después de ese allanamiento, al menos 14 investigadores del CTI fueron asesinados. Según la Fiscalía, el pasado viernes 16 de abril fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, jefe financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1998, “por su presunta participación en los homicidios de tres funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI)”. Y después agrega: “Hay indicios de que la organización paramilitar supuestamente ordenó asesinar a los funcionarios que participaron en el procedimiento (el allanamiento al parqueadero Padilla), como un mecanismo de retaliación y de presión a las autoridades judiciales para que dejaran en libertad a alias Lucas”. Bueno, a Lucas lo dejó fugar un fiscal con una boleta de libertad, y a los investigadores no los mataron por eso, sino por todo lo que estaban descubriendo. A los funcionarios los mató La terraza y a La Terraza después también la intentaron exterminar.

A Lucas se le sindica por el homicidio de Manuel Guillermo López Umaña, jefe de información y análisis del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de Antioquia, y los investigadores John Jairo Ruiz y Luis Fernando González Jaramillo. A López Umaña lo mataron el 5 de septiembre de 1997, según reconstruyó Revista Semana entonces, lo asesinó un integrante de La Terraza porque el hombre estaba investigando quiénes en el CTI estaban recibiendo pagos de la Oficina de Envigado. A John Jairo Ruiz lo mataron de 5 tiros en la cabeza el 14 de marzo de 1997, cuando salía de sus estudios en la Universidad Cooperativa de Medellín, según reconstruye Semana también, otro integrante de La Terraza lo asesinó porque estaba investigando “grupos de limpieza social” que operaban en la ciudad. A González Jaramillo lo mataron el 13 de abril de 1998, según el libro Memorias de la impunidad en Antioquia, porque estaba investigando el homicidio de su compañero del CTI, Jaime Augusto Piedrahita González. Y a Piedrahita lo mataron el 4 de julio de 1997, como reconstruye Semana, porque estaba investigando y descubriendo la connivencia de agentes del CTI con el paramilitarismo; antes de morir, le dijo a uno de sus compañeros que ya tenía ubicado el brazo armado de Gustavo Upegui en Itagüí”, Upeguí era un empresario reconocido y uno de los jefes máximos de la Oficina de Envigado.

Como pueden ver, la mayoría de estos asesinatos se dieron antes del allanamiento al Parqueadero Padilla y lo que se estaba descubriendo ya era grande. Esto se dio porque el allanamiento al parqueadero no empezó por unos uniformes camuflados que se descubrieron en un vehículo y cuyo destino eran los grupos paramilitares; empezó muchos meses atrás, a principios de 1997, con un exmilitar que se entregó en la fiscalía en Bello y que confesó sus vínculos con el paramilitarismo. Al hombre lo atendió el investigador Sergio Parra (también asesinado) y a partir de sus declaraciones se ordenaron una serie de seguimientos e interceptaciones que empezaron a mostrar los enormes tentáculos del paramilitarismo y de La Oficina de Envigado en la sociedad colombiana y de cómo estaban penetrando al órgano de persecución judicial. Pero La Terraza empezó empezó a exterminar a los cabos sueltos y luego sería a ella a la que iban a intentar exterminar, un cabo suelto más. La historia es larga, el espacio en la columna es corto.

Antes de terminar esta entrega, me gustaría aclarar que el exfiscal Gómez Mendez no tuvo que ver ni con el exilio ni con el despido de Gregorio Oviedo, director del CTI que estuvo al frente y coordinó de allanamiento al Parqueadero Padilla. Aunque nunca escribí esto en mi columna anterior, Gómez Méndez me hizo saber que está interesado en que esto se aclare: tiene razón, Oviedo se exilió por decisión familiar y tenían una estela de funcionarios de CTI asesinados como argumento, y el que lo declaró insubsistente fue el fiscal general Luis Camilo Osorio, el segundo enterrador del proceso Parqueadero Padilla.

Espero que esto sea suficiente para Gómez Mendez y de paso lo invito a hablar de lo verdaderamente importante: ¿por qué ordenó trasladar la competencia del proceso Parqueadero Padilla a Bogotá? Lo invito a darme una entrevista, exfiscal.