Por: Álvaro Camacho Guizado

Algunos dilemas presidenciales

PARECE QUE EL GOBIERNO SE ESTÁ portando relativamente bien. Si bien ha habido algunas demoras en la radicación de proyectos claves, las gestiones ante el Congreso deberían estar creando un clima favorable para la discusión y  su eventual aprobación.

Aunque algunas de esas iniciativas pueden ser blandas y no ir al fondo de los problemas que pretenden solucionar, es necesario aceptar que a pesar de los llamados a la unidad nacional y del entusiasmo que en la prensa ha suscitado el Presidente, el Gobierno va a encontrar que no será muy fácil concretar las propuestas. Un caso concreto: el Partido Conservador ha iniciado el proceso de torpedear el programa de tierras que tiene en salmuera el Ministro de Agricultura. Con argumentos como el de no mezclar la devolución de tierras con la reparación a las víctimas de despojos, empieza a mostrar que realmente representa intereses de orden terrateniente y que no va a permitir que se democratice la propiedad rural.

Al mismo tiempo le pone palos en la rueda al proyecto de reparación de víctimas de agentes del Estado, reeditando así las posturas del gobierno anterior. Es de esperar que si el Ministro del Interior insiste en este punto, los uribistas argumentarán que se trata de una nueva traición del presidente Santos.

Y si no se atreven a hablar francamente de traiciones, para eso están las innumerables tácticas de parlamentarios para sabotear las iniciativas democratizantes que presente el Gobierno. No se trata de pronosticar desgracias, pero debo decir que comparto el punto de vista de Carlos Castillo, quien en su columna de esta semana en El Tiempo pronostica que la verdadera oposición a Santos vendrá de las entrañas del uribismo.

Pensemos que además de las iniciativas mencionadas se viene encima otra, muy controversial, pero absolutamente necesaria: me refiero a la reforma de la distribución de las regalías. Los mandatarios locales y sus representantes en el Congreso, y con mayor fuerza los conservadores, buscarán reducir la reforma a cambios cosméticos que no transformen de manera radical esa vieja práctica de vivir a costa de unas rentas de riquezas que no han sido producto del trabajo humano, sino de dotaciones de la naturaleza. ¿Alguien puede creer que los caciques de Arauca, sólo por poner un ejemplo, van a renunciar a los ríos de dinero que les aportan las regalías petroleras? ¿Alguien puede imaginar que esos mandamases van a entender que se trata de desarrollar mecanismos de solidaridad que aporten a otras regiones unos ingresos de los que ahora carecen?

El gobierno de Santos está, pues, en un dilema: si quiere conservar esa unidad nacional, probablemente deberá ceder ante los apetitos regionales, lo que significa renunciar a una política en la que la naturaleza sea más justa y no basada en intereses locales,  que consulte una verdadera justicia redistributiva. Así como los habitantes de una región que carece de recursos apropiables como regalías no tienen la culpa de su mala suerte, aquellos que sí viven en zonas ricas en recursos no necesariamente han hecho algo para merecer las prebendas que significan las regalías tal como hoy están funcionando.

Ojalá Santos y su gobierno logren convencer a los afortunados de que el bienestar de los demás también importa.

 

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