Amazonia, ¿y nosotros qué?

Las quemas masivas en la Amazonia brasileña han generado grandes reacciones en todo el mundo. Van desde amenazas comerciales de líderes políticos de países del G7 y de la Unión Europea hasta pronunciamientos, quejas e insultos en las redes sociales.

Ante la crisis ambiental y política surgen múltiples preguntas, dos muy relevantes para nosotros: ¿cuáles son las implicaciones para Colombia de la deforestación de la Amazonia? ¿Qué podemos hacer como país e individualmente para que la crisis ambiental sea menor?

Respecto a la primera pregunta, mucho se ha dicho y quizá lo más relevante es la afectación del ciclo hidrológico y los efectos que esto puede tener sobre Colombia. No solo afectando la producción de alimentos, sino incluso la disponibilidad de agua para consumo humano en las grandes ciudades cuyas cuencas abastecedoras dependen del régimen hidrológico regulado por los bosques amazónicos. Esto incluye Bogotá y muchos pueblos y ciudades de la cordillera oriental.

Otros efectos están relacionados con los ecosistemas naturales en nuestra Amazonia y piedemonte andino y los efectos que el cambio climático puede tener sobre la biodiversidad, la dinámica fluvial, la producción pesquera y la protección de los suelos.

Para evitar mayores impactos, tenemos que definir una estrategia y establecer un compromiso para llevar la deforestación a cero en la Amazonia colombiana e iniciar procesos de restauración en las áreas intervenidas, para hacer de estos territorios verdaderos territorios sostenibles. Diversos factores explican por qué deforestamos cerca de 140.000 hectáreas de la Amazonia en 2018. Llevar esta cifra a cero en los próximos años requiere combinar múltiples acciones en diferentes campos.

El primer paso es que Gobierno y sociedad civil hagamos el pacto de trabajar por no destruir nuestro bosque húmedo tropical y estar dispuestos a asumir los costos que esto significa en el corto y mediano plazo. Para alcanzar este objetivo se deben frenar las prácticas ilegales adelantadas por especuladores de tierras y organizaciones políticas de diferentes corrientes que quieren tomar control territorial sobre la Amazonia colombiana. Simultáneamente, se deben tomar medidas efectivas para hacer realidad el ordenamiento territorial que incluye la protección de los resguardos indígenas, los parques nacionales y las zonas de reserva forestal. Esto exige enviar un claro mensaje a la sociedad colombiana y a los gobernantes locales: no se titulará ni una hectárea en los territorios que corresponden a estas categorías de manejo.

Dado que los deforestadores no son solo inversionistas y especuladores prediales que quieren apropiarse los llamados “baldíos” nacionales, sino que también hay campesinos desposeídos que buscan sobrevivir como colonos, es necesario apoyar la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura jurídica que apunta a estabilizar al campesino colono en zonas de frontera agropecuaria, generando oportunidades para combinar producción sostenible, conservación de biodiversidad y gestión, recuperación, conservación y manejo de la estructura ecológica principal asociada a la regulación hídrica. Las ZRC han probado ser una herramienta para frenar la expansión de la frontera agropecuaria, dando espacio y oportunidad para los campesinos sin tierra.

Para que la deforestación sea cero, debemos evitar que el campesino sin tierra sea expulsado hacia la frontera agropecuaria y esto requiere un juicioso proceso de redistribución de la tierra dentro de la frontera agrícola. Falta ver si hay voluntad política para adelantar este proceso.

Otra herramienta disponible que debemos usar es exigir a candidatos para alcaldías, gobernaciones y concejos municipales de la Amazonia que presenten su propuesta de gestión ambiental y acordar mecanismos de seguimiento desde la ciudadanía.

De momento, debemos exigir al Gobierno Nacional que replantee su meta de deforestación propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.

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